En medio del aumento de las armas en poder de la delincuencia, la Contraloría emitió un duro informe, donde cuestiona la falta de control tanto de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y Carabineros, por lo que ordenó sumarios.
Los hechos son graves de acuerdo a un informe del organismo dirigido por Jorge Bermúdez. Sigue así: 1.083 armas que a la data de la inscripción “no eran mayores de edad”. Certificados emitidos por profesionales sin especialidad en siquiatría; 22.987 armas de sujetos que mantienen antecedentes penales “que mantienen armas vigentes en Chile”.
Además otros 1.714 “que no reúnen la “idoneidad requerida”, atendido a que constan en el registro de condenados por Violencia Intrafamiliar (VIF) que los excluye expresamente. Lo anterior sin contar los 132.921 fallecidos en el sistema. Existen también otras situaciones contenidas en la auditoría a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La Contraloría General de la República (CGR) realizará sumarios administrativos en Carabineros y en la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN) -dependiente del Ministerio de Defensa- por graves anomalías en el control de armas que adquieren e inscriben particulares.
De acuerdo al informe de auditoría al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, los descubrimientos del organismo fiscalizador, apuntan a la existencia de menores de edad inscritos con armamento a su nombre, muertos, certificados de salud mental entregados por personas que carecen del título de siquiatra, otros con antecedentes penales por delitos graves e incluso por violencia intrafamiliar.
El documento de la entidad de control tomó como referencia, al menos desde 2015 a 2018 e incluso años anteriores para determinar si la fiscalización que debe realizar Carabineros a los tenedores -por ejemplo- de pistolas, revólveres, escopetas, ya sea para uso de defensa personal, deportivo o colección, incumplía la ley del ramo.
En tanto, la DGMN presentaba en el tramo de las mismas anualidades desorden en la inscripción, carencia documental, en una sumatoria que llena varias páginas de conclusiones incluidas en el informe de la CGR.
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