1,5 millones de pesos mensuales percibió la dueña de la ONG Red Cultivarte, luego de que fuera contratada por ella misma para dirigir un proyecto financiado por el Gobierno Regional del Biobío.
En su contrato, ella firma dos veces. Primero, como la profesional a la que requirieron sus servicios; y luego, como mandamás de la entidad.
La fiscalía indaga desde julio los movimientos de la institución tras un primer reportaje publicado por Radio Bío Bío.
