Cinco consejeros regionales (Cores) pidieron a la Contraloría fiscalizar la contratación vía trato directo de la abogada Ximena Sepúlveda en el Gobierno Regional (GORE) del Biobío.
Los Cores cuestionan los $25 millones que se le pagaría por dos informes sobre prevención de delitos, y el hecho de que sea socia en un estudio jurídico de Georgy Schubert, procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Concepción.
