“Cadáver de sexo femenino, desnudo en sala de autopsias. De entre 25 a 30 años de edad aproximadamente. Mide 1,68 metros, pesa unos 70 kilogramos. Normolínea, piel morena, pelo negro largo, abrasiones en el rostro, múltiples tatuajes y varios orificios de proyectil balístico”.
Cuando R. entró al Servicio Médico Legal de Arica, el 12 de noviembre de 2022, los médicos forenses supieron, casi de inmediato, cómo había muerto. Los dos disparos que hallaron en su cabeza daban cuenta de la participación de terceras personas. O, más bien, de una ejecución a sangre fría.
Y es que R. no era cualquier víctima: se trata de uno de los pocos registros —con nombre y apellido— de una mujer asesinada por el Tren de Aragua en Chile. Un homicidio que también reveló la guerra desatada entre dos facciones de la organización criminal transnacional en suelo criollo y que explica el alza exponencial en los muertos del crimen organizado en la frontera norte.
Si Los Gallegos se erigieron como dueños ilegítimos del Cerro Chuño, el Tren del Coro hizo lo propio en las cercanías al terminal de buses internacional de Arica.
R. quedó en medio.
