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Gran Concepción
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ARCHIVO | Agencia UNO
En una caleta de Chome, una locataria presentó un recurso de protección tras la orden de demolición de su local por parte de la Municipalidad de Hualpén, argumentando que la falta de patente comercial afecta a todos los comerciantes del lugar. La locataria Roxana Flores denunció la medida y solicitó igualdad ante la ley para sostener su negocio. Su abogado afirmó que la orden municipal es ilegal debido a una supuesta tolerancia administrativa. Por su parte, el alcalde (s) explicó que la demolición se debe a una construcción ilegal, desvinculando la ausencia de patente comercial. La Corte de Apelaciones de Concepción deberá resolver la admisibilidad del recurso y la orden de no innovar el próximo lunes.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesUn recurso de protección presentó una locataria de Chome tras recibir la orden de demolición de su local por parte de la Municipalidad de Hualpén, región del Bío Bío.
La acción legal denuncia que a partir de esta medida se está amenazando a todos los locatarios de la caleta, ya que ninguno cuenta con patente comercial.
Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegó la afectada por la orden de demolición, Roxana Flores, acompañada de otros emprendedores que trabajan en la caleta de Chome.
La locataria atribuyó la medida a la falta de patente comercial, permiso que ningún emprendedor tiene en el lugar, y que -dijo- ella ha tratado de gestionar desde el año pasado.
“Hoy nos vemos con una orden de demolición por parte del alcalde y su equipo, entonces queremos igualdad ante la ley para poder ejercer el derecho económico. Este es el único sustento para sostener a nuestra familia, pedimos si se puede reconsiderar la orden de demolición“, señaló Flores.
El abogado Sebastián Urrutia, que representa a la afectada, sostuvo que la orden municipal es ilegal, pues al haberse permitido la actividad comercial sin patente, la corporación edilicia prácticamente dio por autorizados los locales y food truck que funcionan en Chome.
“Durante más de 20 años en algunos casos, y 5 en el caso de la recurrente, la Municipalidad ha permitido el ejercicio de esta actividad, que contribuye al turismo de la zona, sin requerir los permisos urbanísticos respectivos ni el pago de patente municipal. En consecuencia, se estima que la administración ha entrado en un estado que se llama 'tolerancia administrativa', se entiende que genera en todos los administrados una tolerancia legítima, tienen la esperanza y convicción de que pueden seguir ejerciendo dicha actividad, en virtud de la inactividad municipal“, explicó.
Sin embargo, desde el municipio, el alcalde (s), Kenji Sanhueza, explicó que la demolición ordenada se debe a una construcción ilegal, deslizando que no tendría relación con la ausencia de patente comercial.
“Se concurrió desde principios del año 2025 Caleta Chome, donde la Dirección de Obras Municipales constató que un particular estaba construyendo de forma irregular. En reiteradas oportunidades se indicó a esta persona que no podía seguir construyendo, sin embargo continuaron con la construcción y por ellos se ordenó la demolición“, agregó.
A su vez, además se denuncia a la justicia una discriminación contra Roxana Flores y una amenaza para todos los comerciantes de la caleta que arriesgarían también la demolición de sus emprendimientos. Por eso, dijo el abogado Urrutia, el recurso de protección.
“En virtud de ello y siendo la única fiscalizada y a quien se ha aplicado este decreto de demolición, se ha interpuesto este recurso de protección apoyado por todas las otras cocinerías de la Caleta Chome, ya que en definitiva implicaría una amenaza permanente para todos los que ejercen esta actividad en la comuna“, sentenció.
El próximo lunes la Corte de Apelaciones de Concepción debe resolver la admisibilidad de la acción constitucional, así como la orden de no innovar para paralizar temporalmente la orden de demolición denunciada.

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