Acusan "expropiación encubierta": Landes demanda al Estado por fraccionamiento pesquero

La compañía pesquera Landes se sumó a la lista de empresas que han demandado al Estado de Chile por el nuevo fraccionamiento pesquero, especialmente en el jurel.

En este caso, la firma con base en Talcahuano exigió poco más de US$70 millones en compensación, acusando perjucios económicos por los cambios en las cuotas asignadas.

A inicios de febrero, Camanchaca irrumpió con una demanda donde piden $90 mil millones por la ley de Fraccionamiento Pesquero, a lo que luego se sumó Blumar.

Mediante un comunicado, la compañía Landes aseguró que la acción acogida por el 22° Juzgado Civil de Santiago se fundamenta en que ” el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización (…) vulnerando los principios básicos de legalidad y afectando gravemente el patrimonio de la compañía”.

Pesquera Landes demanda al Estado por fraccionamiento
El CEO de la pesquera, Andrés Fosk Belan, dijo que “al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente”.

“Lo ocurrido con esta ley es muy grave. Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, criticó el ejecutivo, añadiendo que “Talcahuano no puede seguir pagando el costo de gustos ideológicos que castigan no solo a la pesca industrial, sino que a cientos de familias del Bío Bío”.

Por su parte, el abogado socio de la oficina encargada de la tramitación -Barros & Errázuriz-, David Cademartori Gamboa, sostuvo que “seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.

Demandas de Camanchaca y Blumar
Los nuevos frentes judiciales que deberá enfrentar el Estado eran ya advertidos por la industria mientras el nuevo fraccionamiento aún era un proyecto de ley.

Finalmente, el 02 de febrero Camanchaca decidió arremer, donde su CEO, Ricardo García, dijo que realizaron inversiones en base a las promesas hechas por el Estado.

“Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, dijo el ejecutivo, sentenciando que “cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar”.

Blumar también avanzó con su propia demanda, reiterando que se trata -según la compañía- de una “expropiación sin certeza jurídica”.

Las demandas también se dan en un contexto donde el sector pesquero industrial ha alertado por el posible impacto de una flota más de 500 buques chinos dedicados a la explotación de la jibia, y que se han detectado en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), que incluye el límite de la Zona Económica Exclusiva de Chile.

Por ello es que el gremio de Pescadores Industriales del Bío Bío cuestionó la Ley 21.134 y sus implicancias para la extracción de la jibia, asegurando la presidenta de la agrupación, Macarena Cepeda Godoy, que “la Ley de la Jibia es por lejos la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile”, cuestionó ácidamente la dirigente empresarial, afirmando que la iniciativa buscaba “desindustrializar y hacer decrecer al país”.

Esto tras un informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) que revela las crudas condiciones de trabajo en estas embarcaciones, con maltrato laboral, muertes en alta mar o retenciones de sueldos, entre varias otras prácticas sumamente cuestionables.

A su vez, la investigación resalta cómo las visitas de buques poteros chinos a puertos chilenos pasaron de menos de 10 en 2024 a alrededor de 180 el año pasado. Incluso, la Unidad de Investigación de BioBioChile pudo constatar que Asmar prestó apoyo logístico en Talcahuano a dos barcos de este tipo sancionados por Estados Unidos.