Primera jornada de formalización de cuatro imputados por corrupción en sistema judicial de Los Ángeles

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, lideró la primera jornada de audiencia en la que se imputaron cargos contra las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara; el exdefensor penal público jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado; y el funcionario del Juzgado de Garantía de esa comuna, Nelson Sáez Reyes. Según detalló la persecutora, los delitos imputados incluyen asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos.

En el caso de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, a los cargos anteriores se suman tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación. Patricio Gutiérrez, en tanto, fue formalizado además por revelación de secretos, mientras que Nelson Sáez enfrenta cargos por cohecho reiterado.

La investigación estableció que la asociación criminal habría funcionado al menos desde 2017 hasta marzo de 2025. Durante ese período, las abogadas imputadas cooptaron al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias ante una magistrada también imputada en la causa, quien presuntamente fallaba a favor de sus intereses.

Asimismo, lograron captar a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en la investigación, quienes habrían facilitado información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y la Fiscalía para favorecer las defensas de sus clientes.

Las maniobras delictivas

La fiscal regional expuso durante la formalización que las imputadas desplegaron diversas estrategias para obstruir la justicia. Entre ellas, eliminaron medios de prueba, alertaron a sus clientes sobre diligencias reservadas de la Fiscalía y las policías; y les instruyeron utilizar teléfonos antiguos para evitar interceptaciones. Además, fabricaron una falsa cooperación eficaz; y entregaron antecedentes falsos a fiscales en el marco de las investigaciones que realizaban.

Tras la audiencia, la fiscal Mansilla sostuvo que “el día de hoy formalizamos a las dos abogadas, Susana Cortés y Andrea Romero. Ellas están formalizadas por delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, también por lavado de activos y también por los delitos de soborno. Además, por haber ingresado indebidamente a sistemas que mantienen carpetas que son del Ministerio Público y también al sistema de la Defensoría”.

La persecutora agregó que “fueron más de 400 veces que se ingresó a los sistemas que no se puede ingresar salvo que uno tenga los permisos para hacerlo, y eso obviamente constituye también delito”.

En cuanto al funcionario del Juzgado de Garantía, Mansilla detalló que “se formalizó al señor Nelson Sáez, quien es funcionario del Tribunal de Garantía de Los Ángeles, quien además está formalizado por el delito de cohecho; toda vez que recibió dinero y otras especies a cambio de fijar audiencias o arreglar audiencias para que estuviera determinado juez y poder así resolver en favor de las imputadas”.

Rol del exdefensor y la conexión con sistemas informáticos

La participación del exdefensor Patricio Gutiérrez fue clave en la estructura delictiva, según lo expuesto por la fiscalía. Mansilla explicó que el imputado “fundamentalmente el delito también de soborno, quien también permitió, otorgando sus claves y los accesos que le correspondían como funcionario público a estas abogadas —una de ellas su cónyuge— para poder ingresar a las causas de la Defensoría donde además hay antecedentes que son reservados solamente para defensores penales públicos y para la Defensoría”.

La Fiscal Regional precisó que “en definitiva, nosotros hemos establecido que se trata de una asociación criminal para cometer delitos; delitos muy graves, además. Se trataba de una banda criminal que estaba compuesta por personas muy peligrosas, que tenían mucha droga, que fueron condenados además por esos delitos. Incluso fueron capaces de formular tipos de colaboración falsos para poder favorecer a estas personas”.

Mansilla añadió que la investigación ha sido compleja y prolongada, “que ha durado dos años, pero que nos deja hasta ahora satisfechos por los resultados que obtuvimos”.

Situación de los otros imputados

La primera jornada de formalización no incluyó a dos personas mencionadas en la investigación: el exfiscal Rodrigo Durán y la magistrada Cherry Palomera. “Respecto de ellos, por la calidad que ostentan, se requiere primero presentar una querella de capítulos. Como ustedes lo han visto en otros casos de connotación nacional, ese trámite lo estamos realizando”, explicó la persecutora.

“Una vez obtenido el resultado de eso, podríamos ver la formalización y las medidas cautelares”, agregó.

Respecto al objetivo final de la organización, Mansilla aclaró que “lo que nosotros hemos establecido es que, en definitiva, se trata de una asociación que lo que quería era poder favorecer a clientes para poder obtener beneficio económico. Por eso el lavado de activos; hemos visto que hay dinero en juego y no estamos hablando de cantidades pequeñas, son grandes cantidades, millones de pesos”.

Los clientes favorecidos, según la investigación, estaban involucrados en delitos de alta gravedad como homicidio, robo con violencia y secuestro, lo que refuerza la tesis de la fiscalía sobre el vínculo con el crimen organizado.

Así las cosas, la magistrada Claudia Aguilera determinó que la audiencia continuará este martes 10 de marzo para resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

Mansilla anticipó que pedirán “medidas cautelares altas, al tratarse de delitos muy graves, con penas muy altas y, además, una pluralidad de delitos (…) imagínense la cantidad de causas, 400 causas que fueron revisadas por estas personas sin tener los permisos, o sea, hay muchos delitos”.

Defensa intentó recusar a magistrada

Recordemos que la defensa de los imputados intentó recusar a la magistrada, pero la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la solicitud. Al respecto, Mansilla expuso que “me parece que es una resolución que, a mi concepto como Ministerio Público, es una resolución adecuada. La magistrada no ha demostrado en ninguna forma tener una animosidad ni en uno ni en otro sentido; al contrario, se ha mostrado absolutamente imparcial”.

Consultada sobre si esta recusación le causó sorpresa, la fiscal respondió que “la verdad es que no, es parte de lo que puede suceder en una audiencia. Efectivamente la defensa puede solicitar, puede ocupar todas las herramientas que tiene a su cargo, de manera que no es una sorpresa”.

Finalmente, desde el Ministerio Público explicaron que la investigación, que permanece abierta, no descarta la aparición de nuevos implicados. “No se puede descartar. Esta es una investigación que está avanzando, como ustedes ven es una investigación además dinámica. Nosotros partimos desde muy poco, o sea, partimos tomando una hebra y de ahí hemos partido y hemos descubierto un montón de cosas“, cerró Mansilla.