Defensor de abogada acusada de corrupción judicial en Los Ángeles buscará revertir prisión preventiva

El defensor de una de las abogadas que está en prisión preventiva por casos de corrupción judicial en Los Ángeles, en la región del Bío Bío, confirmó a Radio Bío Bío que apelarán a las cautelares dictadas por el Juzgado de Garantía de Ñuble.

Fue el jueves que el tribunal dejó en prisión preventiva a las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, investigadas por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en Los Ángeles.

En la audiencia, la jueza Claudia Aguilera también ordenó el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados al exdefensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, quien es esposo de la imputada Susana Cortés.

Tras lo resuelto, el abogado penalista José Luis Andrés, que representa a Andrea Romero, confirmó que apelarán lo determinado por el tribunal, al considerar que la prisión preventiva es una medida “desproporcionada e injustificada”.

También expresó su conformidad en que no se haya acreditado el tráfico de drogas, de armas, cohecho y lavado de activos. Insistió en que esos delitos son inexistentes.

No obstante, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, dijo que buscarán probar nuevamente estos delitos en una próxima instancia penal.

Hechos investigados

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, las abogadas imputadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, quien fallaba en favor de sus intereses.

También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía que favorecieron a sus esposas en las defensas de sus clientes.

Ambas abogadas habrían advertido a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones.

Asimismo, se expuso que el defensor local jefe y esposo de una de las imputadas, Patricio Gutiérrez, facilitó el acceso de las imputadas al sistema informático de la Defensoría Penal Pública.