Durante el jueves se fijó fecha para la audiencia del caso que involucra a la exseremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré, quien interpuso una querella por injurias contra dirigentes gremiales y funcionarios del servicio público, en el contexto de las acusaciones surgidas tras el suicidio de la periodista Sol Millakura.
El caso se remonta a las denuncias de hostigamiento y transfobia que la comunicadora habría realizado mientras trabajaba en la Seremi de Salud de Valparaíso. Millakura se quitó la vida luego de denunciar públicamente situaciones de discriminación.
Los acusados fueron citados por el Juzgado de Garantía para el próximo 2 de abril, instancia en la que los funcionarios deberán exponer sus argumentos.
Según declaraciones previas de Cofré, Millakura fue desvinculada de la institución por motivos asociados a su desempeño profesional, señalando que “lamentablemente no cumplió con los requerimientos de la institución”.
Despido por motivos laborales
La exautoridad ha descartado que su salida se debiera a su forma de vestir, identidad de género o a un trato discriminatorio.
Sin embargo, existe el antecedente de una demanda laboral presentada por Millakura en junio del año pasado, cinco meses antes de su muerte, en la que denunció discriminación por identidad de género y salud, además de acoso laboral y prácticas institucionales durante su trabajo en el organismo público.
Al respecto, el abogado defensor de la exseremi, Felipe González, señaló que aún rige la presunción de inocencia y acusó que el caso fue difundido por los funcionarios públicamente con versiones que, según indicó, habrían distorsionado los hechos en redes sociales.
Por su parte, Carla Ahumada, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, sostuvo que el caso refleja una problemática que viven actualmente muchas disidencias en el país, quienes, según afirmó, muchas veces optan por guardar silencio frente a situaciones de acoso laboral para evitar consecuencias como la pérdida de su fuente de trabajo.
La audiencia fijada para abril marcará una nueva etapa judicial en este caso, donde el tribunal deberá revisar los antecedentes presentados por ambas partes en medio de un proceso que ha generado amplio debate público sobre discriminación, acoso laboral y responsabilidad institucional.
