La instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, organismo encargado de administrar la educación pública en La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano, quedó marcada por una serie de nombramientos a contrata que aseguran cargos y remuneraciones hasta el 31 de diciembre de 2026, varios de ellos con sueldos que superan los $2 millones y alcanzan incluso los $4 millones mensuales.
Uno de los episodios que generó mayor controversia ocurrió el mismo día del cambio de mando presidencial. Ese día, el periodista del servicio, Carlos Cerda, publicó una historia en redes sociales en la que aparece levantando el puño frente a un retrato del presidente Gabriel Boric.
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Martes 17 Marzo, 2026 | 11:54
Sobre la imagen escribió: “Unidad, unidad y unidad. Señoras y señores, declaro iniciada la era de la resistencia”.
La publicación —aparentemente realizada desde una oficina— generó cuestionamientos, ya que habría sido difundida en horario laboral, lo que abre interrogantes sobre la neutralidad política que se espera de funcionarios públicos.
¿Qué dice la ley?
La abogada y magíster en Derecho Público María José Lira, especialista en derecho administrativo, explica que en la administración pública chilena muchos cargos se desempeñan bajo la modalidad a contrata, lo que permite a los servicios nombrar funcionarios sin necesidad de celebrar concursos públicos obligatorios.
“Cuando hablamos de funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata, la ley no exige que sea mediante concurso público. En general, son cargos designados directamente, sin perjuicio de que el servicio, por transparencia o buenas prácticas, decida llenarlos mediante concursos”, señala.
La jurista agrega que, aunque los contratos estén extendidos hasta diciembre de 2026, no significa que los funcionarios sean inamovibles.
Personal a contrata
“La mayoría fue renovada por todo el 2026, pero es posible poner término anticipado. Sin embargo, esa decisión debe estar muy fundamentada, porque si no se cumple un estándar objetivo, el funcionario podría volver al servicio o el Estado terminar pagando igualmente sus remuneraciones”, advierte.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la administración pública: la delgada línea entre confianza política y profesionalización del Estado.
Para Lira, tener una postura política no constituye un impedimento para trabajar en el sector público.
“Todo funcionario público, incluido el Presidente de la República, tiene una postura política y eso no constituye una inhabilidad para trabajar en la administración del Estado, mientras esas actividades se realicen fuera del horario laboral y sin utilizar recursos públicos”, explica.
