—Me dijo que todos los periodistas eran maricones.
Esa es parte de uno de los testimonios de funcionarios del Poder Judicial que revelaron malos tratos del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán Pazols. El magistrado hoy figura en el centro de al menos cuatro sumarios en lo que se investigan episodios ocurridos durante su paso como presidente del tribunal de alzada porteño, uno de los más importantes del país y que incluso ha servido como trampolín de jueces a la Corte Suprema.
De acuerdo con información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, dos de los procedimientos se abrieron, precisamente, a raíz de las declaraciones de personal del organismo: uno por maltrato laboral y otro por ignorar las instrucciones de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) como medidas de mitigación para evitar nuevos episodios.
Según se desprende de las declaraciones, todo explotó cuando el nombre de Corvalán apareció vinculado al Caso Hermosilla. El magistrado presionó a profesionales de la Corte para que evitaran que el artículo viera la luz.
Loreto
M. declaró el pasado 6 de octubre de 2025. Ese día fue citada por el fiscal judicial, Mario Fuentes, en el marco de un primer sumario en contra de Corvalán por malos tratos. La idea del persecutor era averiguar si esa era una práctica común del magistrado.
En la diligencia que se extendió por casi una hora, Fuentes fue al grano: le consultó de entrada a la funcionaria —quien registra casi una década de experiencia en el Poder Judicial— si había sufrido algún maltrato, presión o trato indebido de parte de algún ministro de la Corte.
La respuesta fue un “sí”. Dijo recordar dos episodios en especial, pero que también existieron varios actos cotidianos que daban cuenta de un “trato humillante”. Sin ir más lejos, aseguró que él la llamó por otro nombre en más de una ocasión.
—Me decía Loreto baja, Loreto ven… Y si bien yo le decía “me llamó M.”, me llamó Loreto por casi un mes —testimonió la funcionaria.
El primer episodio del que se recuerda M. ocurrió la noche previa a que Corvalán asumiera la presidencia de la Corte en marzo de 2024.
Según se desprende del testimonio de la funcionaria, él estaba alterado. Cerca de las 22:00 horas la contactó para comentarle que había sabido por un amigo periodista del Colegio de Abogados que iba a salir una nota de él justo el día de su asunción. Se trataba de un perfil del ministro, quien había sido investigado administrativamente —y luego sobreseído— por acoso sexual mientras trabajó en Iquique.
M. dijo que no era usual que la llamara algún ministro por cosas de trabajo, pero que entendía su complicación. Es decir, que “el mismo día en que iba a asumir, iba a aparecer una información como un historial que algunos conocían”.
—Le pregunté al ministro si sabía quién era el periodista y me dijo que era Juan Pablo Andrews, que es un periodista de la parte digital de La Tercera. El ministro hizo un requerimiento en relación con esto, en cuanto a que por favor no saliera la nota. Ese era el propósito.
Consultada si en esa conversación la solicitud fue en términos cordiales o agresivos, M. aseguró que él “estaba muy angustiado” y eso “daba cuenta de cuál era su tipo de relación con ciertos profesionales, especialmente los que estaban vinculados a prensa”.
—Obviamente, su disposición desde el inicio no fue la más positiva —lanzó.
Recién a las 08:00 de la mañana del día siguiente logró hablar con el periodista. Y logró el cometido del ministro. Aseguró que la publicación nunca vio la luz porque el reportero no tenía material nuevo: sólo contaba con lo que “había salido en El Mercurio, en La Segunda, antes, en el 2020”.
—Y, bueno, levantamos eso —declaró la profesional—. Por lo tanto, partió su presidencia sin esta sombra; siempre fue un tema, un flanco abierto, pero no había problema hasta ahí. El ministro Corvalán tiene un estilo agresivo. Puede ser como amenazante y cuando tenía reuniones con externos, como la Seremi de Justicia, y todas las visitas protocolares que suelen venir cada año, se refería a los periodistas en términos muy despectivos.
Por lo mismo —acotó M.— la relación entre ambos siempre fue tirante. Porque él no tenía confianza con ella, ni con nadie vinculado con los medios ni con prensa.
—Posteriormente empezaron a salir más cosas —continuó la declaración—, porque el mismo periodista de La Tercera empezó a pedir por Transparencia más antecedentes. Y así se fueron sumando más medios. Y esto fue creciendo hasta que reventó con la publicación en septiembre, 13 o 15 de septiembre, en Ciper, que lo vincula, quizás no de manera directa, pero sí con el Caso Audio.
El artículo de la discordia
El artículo que desató la ira del magistrado revelaba que el ahora removido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y el exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, pidieron al abogado Luis Hermosilla apoyar a Corvalán cuando quedó en una terna para la Corte de Rancagua.
—Es de los nuestros —escribió Palma a Hermosilla y le preguntó si podían ayudarlo.
—Me fue bien (…) creo que derrotamos a las fuerzas locales (…) que mantenga la calma —retrucó Hermosilla.
Una vez publicado el artículo no hubo vuelta atrás. Ahí estalló toda la molestia de Corvalán, declaró M. Ella entendía que la ira del magistrado era porque en el Poder Judicial no habían sido capaces de defenderlo. En el organismo intentaron hacerle saber que no podían bajar un reportaje. Que si hay cosas que no son ciertas en una publicación, podían pedir una rectificación que desmintiera la información. Pero si no es así —le indicaron— simplemente no podían: “Hay un tema de transparencia, de verdad”, le hicieron saber.
Llamar a la prensa
M. prosiguió. Afirmó que, posterior a la publicación de Ciper, fue a una reunión con Corvalán, quien la acusó de estar “llamando a la prensa”.
—Tú estás haciendo esto —la acusó el juez, según la funcionaria.
De acuerdo con su testimonio, le hizo ver al magistrado que cuando otros presidentes de la Corte habían pasado por situaciones complejas, la vía era trazar una propuesta comunicacional para responder. En el mejor de los casos, anticiparse y tener algo preparado. Un plan, dijo. Pero —según declaró ella más tarde— Corvalán “no quiso, estaba muy enojado”.
El problema para el sumariado es que, como no intentó elaborar una respuesta, el siguiente artículo lo volvió a encontrar en mal pie. Ocurrió mientras estaba en la visita anual a Rapa Nui. Y es que cualquier tema nacional que implique a alguien de la región de Valparaíso es replicado o es recogido por algún medio de la zona. Eso sucedió con Radio Valentín Letelier.
—Un periodista que ha estado por años allá tomó ese dato del caso Audios, además lo sumó a lo del norte [la denuncia de acoso sexual], y a lo que había pasado en Punta Arenas, que había tenido algún problema. Sumó todas las cosas y lo puso todo en una nota. Y eso salió, mientras estaba el señor Corvalán allá. Y, claro, llamó muy enfurecido —desclasificó M.
De vuelta en Valparaíso
Corvalán llegó un día después a Valparaíso. A las 14:00 horas la citó a una reunión en la que también estaba el administrador del tribunal. M. declaró que Corvalán la hizo callar en más de una oportunidad. Le preguntó en varias ocasiones por qué no había hecho nada para evitar las publicaciones.
—Su tema era que no saliera —enfatiza.
La funcionaria dijo sentir “mucha vergüenza” que la estuviera cuestionando el presidente o hablando mal del trabajo que ella hacía delante de un tercero. Fue entonces que, según M., Corvalán lanzó:
—Todos los periodistas son maricones.
A juicio de M., lo que estaba pidiendo el ministro era una defensa personal y eso excedía su trabajo, su ámbito de competencia.
—Es la institución por sobre las personas, y en estos casos, comunicacionalmente, tiene que ser así, porque tiene que salir fortalecida la institución. No se puede tapar el sol con un dedo —explicó.
M. testimonió que Corvalán continuó encarándola: aseguró que el juez se burló de las acciones que ella había tomado en frente del administrador.
—[Me dijo]: “Lo que pasa es que tú no tienes contactos. ¿A quién conoces tú? ¿A quién conoces?”.
Según la profesional, ella pensó que, en realidad, conocía a mucha gente, pero a esas alturas sólo esperaba que la reunión terminara.
—Si no hay algo que rectificar, no se puede decir a los periodistas que no saquen las notas. Y tampoco tiene mucho poder para hacer eso. Lo que más que se puede hacer es negociar; les pueden dar información concreta o como respuesta, pero no bajar notas. Es muy difícil bajar notas —intentó explicar.
Declaración de enfermedad profesional
La versión de M. fue respaldada durante el proceso por I., su colega, y por L., su superiora, con asiento en Santiago. También recibió apoyo de la ministra de la Corte Suprema, María Angélica Repetto, quien —aseguró M.— le dijo que denunciara a Corvalán. Y si bien nunca presentó una acusación formal, su caso de todos modos llegó primero a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y, luego, a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Este último organismo demoró un mes en afinar su investigación. ¿La conclusión? M. padecía una “enfermedad laboral por hostigamiento de la jefatura”.
Según contó la funcionaria, la mutual había llegado a esa conclusión por los datos recabados con ella, “pero no así con la colaboración de la institución”. Esto porque se “habían negado a conversar”. “La calificación fue realizada con antecedentes parciales, por obstaculización del empleador a la realización de la evaluación de las condiciones de trabajo”, reza el informe.
Sea como sea, la ACHS hizo sugerencias que debían ser adoptadas en la Corte, pero que nunca llegaron a materializarse.
—La interpretación de la administración fue que, como había un plazo de 90 días para apelar, hasta entonces no se podían adoptar medidas. Pasaron 90 días y se acabó la presidencia [de Corvalán], por lo tanto, de forma natural, se acabó el contacto con el expresidente. Había una serie de cuestiones a realizar, pero no ocurrió nada. O sea, eso quedó como letra muerte, en conocimiento de la Corte, porque el administrador lo sabía —sentenció M.
Corvalán nunca llevó este asunto para que fuera discutido por el Pleno del tribunal de alzada. Es decir, por la totalidad de los ministros de la Corte de Valparaíso.
Los otros testimonios
En sus declaraciones, tanto L. como I., jefa directa y colega de M. respectivamente, coincidieron con la versión de la profesional. La primera manifestó que este era un hecho inédito. Dijo que en 16 años de experiencia, nunca le había tocado un caso como este.
—El problema se origina porque el ministro Corvalán siempre ha tenido una mirada más bien crítica de la labor de la prensa. Entonces criticaba por qué Comunicaciones del Poder Judicial no lo había defendido con respecto a ese tema —recalcó I. por su parte.
El profesional narró que en este caso en particular, M. le contó que el ministro le había reprochado el hecho de no salir a defenderlo por lo que había salido en Ciper. Y que lo había hecho “de forma bastante fuerte”. “Dijo algo así como que los periodistas son todos unos maricones y todo el rato fue todo en este calibre con un tono bastante alto”, aseguró I.
Asimismo contó que tras lo sucedido, Corvalán le empezó a quitar funciones a ambos y las empezó a delegar en administración.
El llamado de Corvalán
L., por su parte, detalló que el ministro Corvalán la llamó días después de la publicación del artículo de Ciper y del episodio descrito por M.
—[Corvalán] preguntó si M. lo iba a denunciar, dijo que él no entendía qué es lo que estaba pasando, porque había sido un tema como él lo entendía, en el ámbito de instrucciones o de observaciones respecto del trabajo, exclusivamente en ese ámbito, que eso entiendo que es lo que pasó —manifestó L. en su declaración.
Según la jefa de Comunicaciones, ella le respondió al ministro que M. no le había manifestado que fuera a denunciarlo, que lo que a ella le preocupaba era “cómo iban a seguir haciendo el trabajo para la corte”, pero que no podía entregarle antecedentes de lo que M. haría.
Tras las declaraciones de los funcionarios se abrieron dos sumarios contra el ministro Corvalán: uno por no adoptar las medidas y otro por maltrato laboral. Ambos procesos aún están en investigación.
Inquirido por esta Unidad de Investigación, el ministro Corvalán declinó emitir una declaración, al tratarse de sumarios aún en tramitación.
