No pagaron impuestos: fisco embarga $1.350 millones a firma indagada por sobreprecio post megaincendio

Una casa avaluada en más de $315 millones y facturas por hasta $1.350 millones se cuentan entre las especies embargadas a San Nicolás SpA. Se trata de la misma empresa que este verano alcanzó notoriedad pública, luego de que la Contraloría descubriera que el Gobierno —bajo la administración anterior— pagó sobreprecios de más de $2.700 millones por trabajos derivados del megaincendio en la región de Valparaíso.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la Tesorería General de la República emitió órdenes de embargo en contra de la cuestionada sociedad, por la deuda de multimillonarias sumas en impuestos. Aquí se cuentan moras por no pago de IVA, Pago Provisional Mensual (PPM) y Renta de Segunda Categoría, entre otros gravámenes.

Los problemas tributarios se suman a la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público para aclarar si es que existieron delitos en la contratación de la empresa por parte de la entonces delegada presidencial de Valparaíso y actual diputada electa, Sofía González (PC). En total, los contratos alcanzaron casi los $7 mil millones.

“Yo quiero pagar”, asegura el real dueño de la compañía, Pedro Briones González.

Los sobreprecios

La historia va así. San Nicolás SpA fue constituida el 30 de marzo de 2021. Ha contado con distintos socios. Su estructura actualmente está compuesta por Tomás Avilés Tillería, de tan solo 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25. Eso sí, según cuentan fuentes cercanas a la compañía, quien realmente controla los hilos de la empresa es Pedro Briones González. Avilés es su hijastro y Jara es su hija (invirtió sus apellidos).

Fue precisamente Briones quien —según información verificada por este medio— firmó los primeros contratos con la Delegación Presidencial de Valparaíso.

Más de dos años después, la empresa quedó en el ojo del huracán luego de que —a partir de cinco auditorías realizadas por la Contraloría— se detectara que la Delegación Presidencial de Valparaíso suscribió siete tratos directos con la empresa por un total de $6.725 millones. Todo ello para el arriendo de maquinaria pesada con conductor y combustible, en el marco de la emergencia por el megaincendio que sacudió a esa región en 2024.

Según explicó la propia repartición gubernamental en aquel entonces, solicitaron cotización a diversas empresas, pero solo San Nicolás SpA respondió a tiempo y manifestó capacidad para ejecutar los trabajos. Sin embargo, el organismo fiscalizador estableció que no se exigieron antecedentes que acreditaran su situación financiera ni su idoneidad técnica, ni se realizó una evaluación documentada de su capacidad operativa.

Y peor aún: la Contraloría advirtió además un sobreprecio de $2.725 millones en los contratos analizados.

MÁS ALLÁ DE VIÑA

Cuando el escándalo explotó, se conoció que el nombre de San Nicolás SpA había llegado a oídos de la Delegación de Valparaíso puesto que la empresa ya había prestado servicios en la región del Bío Bío.

En efecto, en el organismo que encabezaba Sofía González (PC), justificaron los tratos directos señalando que la empresa era conocida “por el nivel central”.

“San Nicolás había prestado servicios en otras emergencias previas, como las ocurridas en la región del Bío Bío”, versa un correo emitido por una abogada de esa repartición a la Contraloría.

Datos revisados por Bío Bío Investiga revelan que el primer contrato de la empresa con el Estado se llevó a cabo justamente con la Delegación Presidencial con asiento en Concepción —cuando era dirigida por Daniela Dresdner (FA)— en julio de 2023. En esa oportunidad, se autorizó la construcción de fosas sépticas en la zona, tras los incendios forestales de febrero de ese año. Posteriormente, se suscribieron otros 18 contratos con el organismo en la región.

Según relatan fuentes cercanas a la negociación, ante la necesidad urgente de dar solución a las personas afectadas, un equipo especializado inició un proceso de “recopilación amplia de proveedores”. El resultado fue que San Nicolás SpA, que tenía asiento en la misma región, tomara contacto vía WhatsApp con un profesional del Senapred.

“No fue una designación directa ni arbitraria, sino un proceso en igualdad de condiciones con los otros oferentes”, aseguran quienes participaron del procedimiento.

Los impuestos al debe

Sea como sea, hoy San Nicolás SpA vuelve a tener problemas. Según información a la que accedió esta Unidad de Investigación, la compañía adeuda multimillonarios impuestos derivados de sus contratos con el Estado.

Contra la empresa pesan al menos dos expedientes que llevaron a la Tesorería General de la República a embargar una de las propiedades de la firma en Los Ángeles, avaluada en $315 millones.

Asimismo, ordenó embargar los “montos disponibles presente y futuros por concepto de cualquier contrato, facturación o prestación de servicios” de parte de la Delegación Presidencial del Bío Bío, por hasta $610 millones y otros $742 millones por cada expediente. Más de $1.350 millones, en total.

En caso de no pagar, “eventualmente se podría solicitar a la justicia el arresto de hasta por 15 días renovables si persisten en la mora”, reza una de las notificaciones despachadas por la Tesorería.

Según cuentan fuentes conocedoras de la interna de delegación penquista, dichos pagos están bloqueados desde fines de 2025. “No se siguen pagando”, dice uno de los consultados.

En la delegación de Valparaíso, en tanto, no existen pagos pendientes que pudieran ser sujeto de embargos, aseguran fuentes fuera de micrófono.

“Quiero pagar”

Requerido por esta Unidad de Investigación, Pedro Briones, controlador de San Nicolás SpA, explica que el origen del conflicto se remonta a hace tres años. Asegura que su deuda con el fisco se debe a retrasos en pagos por parte de la propia delegación.

“Ellos me embargaron porque hace tres años se demoraron en pagar todas las emergencias. Hay órdenes de compra de 2022 y 2023 que la delegación del Bío Bío y de Rancagua no emitieron dentro de plazo”, se defiende.

“Eso me generó un perjuicio. Con esos recursos fui pagando a proveedores, y cuando llegué a Tesorería ya tenía una deuda muy alta. Ahora les estoy entregando todos mis estados de pago, incluso la casa de Los Ángeles, que ya está embargada, para resolver la situación, porque mi intención siempre ha sido pagar”, agrega.

Asimismo, afirma que tiene la intención de saldar la deuda.

“Quiero pagar. Les propuse que se queden con la venta de la casa y con los estados de pago retenidos. Eso suma entre $800 y $1.000 millones. Luego, entrar a un convenio. Nunca ha sido mi intención no pagar ni estar en esta situación, menos involucrar a mi hijo”, señala.

Consultado el Ministerio Público por la investigación abierta en Valparaíso, indicaron que existen diligencias en curso y evitaron entregar mayores antecedentes.