Este sábado 21 de marzo Chile celebra su Día Nacional de los Glaciares, pero la discusión más urgente sobre esos cuerpos de hielo no ocurre precisamente de este lado de la cordillera. En Argentina, el Congreso debate una modificación a la ley que por 16 años protegió los glaciares y zonas periglaciares, habilitando proyectos mineros que hoy no pueden avanzar.
El proyecto tiene media sanción del Senado desde el 26 de febrero y avanza hacia la Cámara de Diputados, donde la semana pasada se convocaron audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo. Se inscribieron casi 60.000 personas: el estadio de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del país, no alcanzaría para recibirlas a todas. Lo que ocurra allí tampoco es indiferente para Chile, ya que ambos países comparten cuencas hídricas que nacen en los Andes y bajan hacia el Pacífico.
Una ley pionera en jaque
La Ley 26.639, sancionada en octubre de 2010, fue la primera en América Latina con jerarquía constitucional en establecer la protección integral de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Su aprobación no fue sencilla: la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó una versión anterior del texto, en 2008, ante lo que un diputado atribuyó a la presión de la minera Barrick Gold que operaba en San Juan. Dos años más tarde, el Congreso la volvió a aprobar.
La norma, aún vigente, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la construcción de obras sin fines científicos y la liberación de sustancias contaminantes en zonas glaciares y periglaciares. Define como glaciar a toda masa de hielo perenne, con o sin agua intersticial, formada por recristalización de nieve, cualquiera sea su forma, dimensión o estado de conservación.
Una de sus principales innovaciones fue extender esa protección al ambiente periglacial: las zonas que rodean los glaciares, donde el suelo congelado actúa como esponja que acumula y libera agua lentamente. Hasta entonces, esas áreas no tenían ningún amparo legal.
La otra novedad fue la creación del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico del CONICET. Por primera vez, el Estado argentino tendría un registro técnico e independiente de sus cuerpos de hielo. Ese inventario registra hoy casi 17.000 glaciares en 12 provincias, que alimentan 36 de las 96 cuencas hídricas del país a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados.
La última actualización del IANIGLA registró una reducción del 17% del hielo descubierto y del 23% de los manchones de nieve en los Andes desérticos, al noroeste argentino y norte de San Juan. Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca de San Juan, advierte que la modificación a la ley agravaría ese deterioro: “El río Jáchal y el río San Juan no se secan porque su sistema es pluvionival: se alimentan del deshielo de la cordillera y las lluvias. Y, cuando la nieve escasea, del agua acumulada en los glaciares. Si se corta ese reservorio, el sistema va a cambiar”, dijo a BioBioChile.
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Lunes 02 Marzo, 2026 | 18:05
Los dos cambios clave de la reforma
La modificación propuesta por el Ejecutivo tiene dos cambios claves. Por un lado, acota la protección. Mientras la ley vigente resguarda todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo texto la limita a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” para la recarga de cuencas.
El segundo le otorga a cada provincia, y no al Estado nacional ni a los organismos científicos, la potestad de determinar cuáles son esos glaciares, y qué importancia tienen como recurso hídrico para, eventualmente, habilitar o no la minería en la zona.
“Vamos a cambiar un criterio científico para la protección de glaciares por un criterio político”, sintetiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las dos campanas de la reforma
La modificación a la ley es impulsada por el ejecutivo de Javier Milei, que la presenta como necesaria para el desarrollo económico del país a través de la minería, un sector que actualmente registra fuertes inversiones en litio y cobre.
“En la minería podemos hacer un montón de cosas: tenemos cobre, litio, oro, minerales raros. Chile con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros. ¿Todo por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos”, se sinceró el presidente de Argentina este lunes en un discurso.
Según el último relevamiento de la Secretaría de Minería de la Nación, Argentina cuenta con 116 millones de toneladas de recursos y 17 millones de reservas de cobre, aunque su producción actual es nula. La demanda global de ese mineral, clave para tecnologías de defensa, electrónica y energías renovables, podría crecer un 70% hacia 2050, superando los 50 millones de toneladas anuales.
“El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva. No podemos seguir escondiendo esta realidad. Hay que ocuparse”, expresó el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola, en septiembre del año pasado en una jornada sobre la situación de la industria minera organizada por el Congreso de la Nación.
Otro de los argumentos a favor de la reforma es la creación de empleo. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) estima que, de consolidarse los proyectos en desarrollo, el sector podría generar entre 180.000 y 200.000 empleos directos e indirectos hacia 2032, respaldados por una cartera de más de 65 iniciativas y un flujo de inversiones que superaría los USD 33.000 millones.
Sin embargo, la evidencia histórica local invita a leer esas cifras con cautela. El caso más citado es el de Minera Alumbrera, en Catamarca, el primer gran proyecto de megaminería metalífera del país. El gobierno prometió 10.000 puestos de trabajo directos; durante la fase de construcción se crearon 4.000, según la propia CAEM; y en los años de operación plena, un estudio de la Universidad Nacional de San Martín registró 894 empleos directos 2002, llegando a 1.800 en 2011. La mina cerró en 2018.
El patrón, según investigadores del sector, no es una excepción: la minería a gran escala es una actividad intensiva en capital, donde la demanda de mano de obra se concentra en la construcción y se reduce drásticamente una vez que la mina entra en funcionamiento.
Del otro lado, la resistencia viene de abajo. En San Juan y Mendoza, asambleas de vecinos, productores agrícolas y comunidades cordilleranas se movilizaron en las últimas semanas bajo una consigna común: “La ley de glaciares no se toca”. En Jáchal, el municipio sanjuanino donde opera la minera Veladero y donde Saúl Ceballos organiza desde hace años, la preocupación es concreta: “El río viene cada vez menos caudaloso, con lo cual los productores de tomates y cebollas, que acceden a cuotas de riego a través de canales artificiales, ven arruinadas sus cosechas”, lamentó ante BioBioChile.
La preocupación también llegó a escala internacional. A principios de marzo, ya con la media sanción de la ley aprobada, cuatro relatores de Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno de Milei señalando que “están en juego el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y los derechos de participación ciudadana, reconocidos en las obligaciones internacionales asumidas por Argentina”.
Un informe de Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands International advirtió que el 56% de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares, un porcentaje que sube al 86% en mamíferos y al 83% en anfibios amenazados.
Lucas Ruiz, investigador del CONICET y glaciólogo en la consultora ambiental Geoestudios, matiza desde adentro. Reconoce que hablar del riesgo de contaminación del “agua de siete millones de personas que dependen directamente de los glaciares” puede ser inexacto, ya que ese caudal también viene de lluvias y nieve, y no hay certezas acerca de qué glaciares quedarían fuera de la protección.
Pero es tajante sobre lo que sí está en juego: “Lo más crítico que se puede medir ahora es el daño a la normativa ambiental. Definitivamente no ayuda a desarrollarnos cuidando el ambiente”, dijo a BioBioChile. Y advirtió que la reforma tampoco conviene a las propias empresas: “Genera conflictividad social y menor seguridad jurídica. Las empresas se van a ver metidas en problemas porque les van a trabar judicialmente los proyectos”.
El próximo round: Diputados decide en abril
Tras la media sanción en el Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales convocaron a audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo.
La respuesta ciudadana superó toda expectativa: las inscripciones, que siguen abiertas hasta el 20 de marzo, ya superan las 65.000 personas. Con cinco minutos por expositor, dar la palabra a todos llevaría más de ocho meses.
Esta semana, el oficialismo de La Libertad Avanza resolvió no extender las jornadas: solo los primeros inscriptos de cada provincia expondrán de forma presencial el 25; un segundo grupo lo hará por Zoom el 26; y el resto deberá enviar su posición por escrito o en video. Según confirmaron a este medio fuentes oficiales, darán 9 horas de sesión por día, lo que habilitaría a que solo 200 de los 65.000 oradores puedan hablar.
Desde el Gobierno argumentaron que “la magnitud de las inscripciones torna materialmente imposible la exposición de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable”. “Están haciendo trampa: deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia”, respondió la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
La votación en el recinto, si los tiempos se sostienen, está prevista para el 8 de abril. Para entonces, los glaciares de los Andes seguirán ahí, indiferentes al calendario legislativo, cumpliendo su rol de hace milenios: acumular agua para cuando escasea.
