El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, abordó los plazos para expulsar a migrantes irregulares, apuntando a limitaciones estructurales y cuestionando la gestión del Gobierno de Gabriel Boric en la materia, en medio de un escenario marcado por miles de órdenes pendientes y restricciones operativas.
Consultado por los tiempos para ejecutar expulsiones, Sauerbaum fue categórico en señalar que hoy no existe un horizonte claro.
“No podemos saberlo, porque es imposible saber si vamos a tener una relación consular con Venezuela durante estos días”, afirmó.
La autoridad explicó que actualmente existen cerca de 330 mil personas en situación irregular, pero aclaró que no todas pueden ser expulsadas. En concreto, detalló que 37 mil cuentan con decretos firmados, mientras que más de 100 mil están en proceso administrativo.
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En ese contexto, enfatizó que mientras no existan resoluciones firmes, legalmente no es posible concretar expulsiones, limitando así cualquier planificación a corto plazo.
Sauerbaum critica falta de recursos para expulsar a migrantes irregulares
Sauerbaum también apuntó a restricciones presupuestarias como uno de los principales obstáculos para acelerar el proceso.
“El año pasado se aprobaron solo $4 mil millones para expulsiones y no hubo mayores recursos”, cuestionó, agregando que esto condiciona la posibilidad de realizar operativos masivos.
Ante ello, adelantó que se buscarán alternativas de financiamiento y coordinación, incluyendo conversaciones con aerolíneas, la Fuerza Aérea y organismos internacionales, además de eventuales gestiones con Estados Unidos para enfrentar la crisis migratoria.
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“Vamos a depender de la relación con Venezuela y de la disponibilidad de recursos”, insistió.
Venezuela, el principal obstáculo
Otro de los puntos críticos expuestos por la autoridad es la situación con Venezuela, país que concentra más del 60% de las órdenes de expulsión.
“El principal problema hoy día lo tenemos con Venezuela, por no tener relaciones diplomáticas ni los documentos necesarios”, sostuvo.
En contraste, indicó que con países como Colombia, República Dominicana, Perú y Bolivia se han logrado acuerdos que han permitido avanzar con reconducciones y expulsiones de forma más expedita.
No obstante, reiteró que la falta de vínculos consulares con Caracas sigue siendo el principal freno para destrabar el proceso.
Fiscalizaciones y trabajo conjunto con la PDI
Finalmente, el director del Sermig valoró el trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI), destacando recientes operativos de control.
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“Estamos muy satisfechos de que la PDI nos colabore en este proceso. En los últimos tres días se ha fiscalizado a 2.500 migrantes, de los cuales 700 están en situación irregular”, indicó.
Según afirmó, este trabajo conjunto permite avanzar en el “reordenamiento del proceso migratorio” y entregar mayor tranquilidad a la ciudadanía respecto del cumplimiento de la ley.
