Sostenida en las exigencias del Plan de Ajuste Fiscal, desdel el Minvu instruyeron al Serviu de Magallanes el desistir del procedimiento para expropiar el Club Hípico de Punta Arenas, el cual estaba estimado en unos $21.030 millones (US$22,7 millones) y se perfilaba como el más caro de los últimos 20 años en Chile.
Así lo pudo confirmar Diario Financiero, quien accedió al oficio enviado por el ministro Iván Poduje, donde señaló que el pago de la indemnización “importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular”, en referencia al citado plan fiscal.
La disputa por expropiación del Club Hípico de Punta Arenas: piden más del doble que oferta del Serviu
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En esta línea, la autoridad añadió que “no constituye aún una obligación legal exigible” y que la obra bajo el paraguas del Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional aún no se concreta, cumpliendo con la orden de paralizar desembolsos que no constituyan una obligación legal vigente e ineludible, explicó DF.
Por ello es que se decidió tomar la decisión de avanzar en el desestimiento de la expropiación y que el tribunal retenga los montos para los efectos de que la autoridad “pondere la continuidad de la expropiación”.
Expropiación del Club Hípico de Punta Arenas
Durante el lunes, el citado medio también reveló la disputa tras la expropiación del Clup Hípico en el extremo sur del país, proceso iniciado bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que busca convertir el lugar en un parque urbano con viviendas tuteladas para adultos mayores.
Y es que los dueños de las 20 hectáreas donde se levantan las instalalciones -sociedad que se constituyó en diciembre de 1911- exigía más del doble de indemnización que lo ofrecido por el Serviu: al menos $48.939 millones, unos US$53,8 millones.
Según la defensa del Club, desde el grupo de peritos se realizó una tasación deficiente del terreno que no representa el valor real del mismo.
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Ahora, el abogado de la sociedad, Felipe Molina, dijo a DF que el ministro Poduje cometió “un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, explicando que “el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante”, es decir, el Serviu, quien hasta el momento ha realizado acciones como autorizar a los dueños de caballos a mantener a los animales en el recinto.
En esta línea, afirmó que “velaremos porque cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así nos rigen, sin arbitraridades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio”.
