El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso admitió a trámite una demanda de tutela laboral contra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), presentada por la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Carolina Castro.
En la acción judicial se acusa una vulneración de derechos fundamentales vinculados a su fuero y libertad sindical, además de hostigamiento laboral tras asumir como dirigenta.
El abogado Diego Cunill, quien representa a la trabajadora, detalló que “el caso denuncia una estrategia sistemática de hostigamiento y persecución antisindical por parte del servicio”.
“Esto incluye desde intentos de término anticipado de su contrata, pese a contar con fuero, hasta el uso instrumental de procesos disciplinarios y una querella para amedrentar su laboral gremial. Incluso la Suseso ya ha calificado su situación de salud mental como una enfermedad de origen laboral”, agregó.
Concretamente, la asociación cuestionó una querella presentada por funcionarios del servicio, por el presunto delito de acceso ilícito a sistemas informáticos, que culminó con diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) que pretenden incautar un computador de la demandante.
África Torres, dirigenta de la Federación de Funcionarios Públicos del Sector Pesca (AFIPES), acusó que llevan dos años “soportando un acoso institucional sistemático que ha golpeado duramente a nuestra directiva y a otras nuestras bases en Sernapesca”.
“Buscamos el diálogo de todas las formas posibles y exigimos, con respeto, que se cumplieran los compromisos. Sin embargo, la intransigencia de la jefatura de Sernapesca nos cerró las puertas y nos obligó a llegar a tribunales”, agregó.
La versión de Sernapesca
Por su parte, Sernapesca rechazó la existencia de una práctica antisindical o persecución. En una declaración pública, el servicio afirmó que ha actuado dentro de sus potestades legales y en cumplimiento de la normativa vigente.
Respecto de la querella, precisó que fue presentada por funcionarios en calidad de víctimas y que la investigación es dirigida por el Ministerio Público, con diligencias ejecutadas por la Policía de Investigaciones previa autorización judicial, sin injerencia institucional en dichas actuaciones.
En relación con la aplicación de la Ley Karin, indicó que los procedimientos instruidos responden a obligaciones legales orientadas a prevenir y sancionar conductas de acoso laboral, descartando que constituyan actos de persecución sindical.
Finalmente, el centro de justicia respectivo fijó una audiencia preparatoria para el próximo 21 de julio para continuar con el curso de esta causa por tutela laboral.
