El gobierno del presidente José Antonio Kast se prepara para iniciar en los próximos días el proceso de cobro a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), comenzando por quienes registran mayores ingresos. La medida, que será ejecutada a través de la Tesorería General de la República, busca recuperar recursos fiscales, pero ya genera tensión política, especialmente tras conocerse que un grupo de diputados también mantiene deudas impagas.
Desde el oficialismo explicaron que la definición del Ejecutivo apunta a iniciar el cobro a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado, comenzando —tal como se había anticipado— por quienes registran las rentas más altas, sobre los 5 millones de pesos mensuales, en un esquema que descenderá de forma progresiva.
En esa línea, indicaron que el proceso, a cargo de la Tesorería General de la República, debería comenzar en los próximos días, incluso dentro de esta misma semana. El calendario contempla que durante abril el umbral baje hasta alcanzar a quienes perciben cerca de $1,5 millones brutos.
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No obstante, reconocieron que ese tramo abre un debate más complejo respecto de la capacidad de pago de sectores de clase media.
Oficialismo respalda y oposición cuestiona falta de reforma estructural
Desde el oficialismo, el senador republicano Cristián Vial defendió la iniciativa, subrayando que apunta a quienes sí pueden cumplir con sus obligaciones.
“Este mecanismo de cobro apunta justamente a que quienes hoy tienen mayores ingresos puedan cumplir con sus obligaciones. No es justo que todos los chilenos terminen pagando deudas que corresponden a personas que hoy sí tienen la capacidad de hacerlo”, sostuvo.
No obstante, desde la oposición han cuestionado la ausencia de una política estructural para reemplazar el CAE. La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, advirtió que el Ejecutivo debe aclarar si este proceso vendrá acompañado de una propuesta de fondo.
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“El grueso de los deudores del CAE no se encuentra radicado en los deciles más altos de la población. Si el Gobierno se quiere hacer cargo, debe darle garantías al Congreso Nacional si van a discutir un mecanismo de condonación o de nuevo financiamiento para la educación superior”, planteó.
A ello se suman críticas desde la Democracia Cristiana. El diputado Héctor Barría cuestionó el enfoque del Gobierno.
“Gobierno blando y generoso con los grandes empresarios, pero exigente con los trabajadores y la clase media, familias de profesionales que pueden estar ganando un millón y medio, pero tienen varios hijos, el dividendo, el auto”, fustigó.
Revelan diputados morosos del CAE y Alessandri anuncia envío de cartas
La ofensiva del Ejecutivo coincide con la revelación de que varios parlamentarios mantienen deudas por CAE, algunos por montos cercanos a los 40 millones de pesos. Entre los mencionados figuran José Carlos Meza, Emilia Nuyado, Nathalie Castillo y Carolina Tello, lo que abrió un flanco adicional en el Congreso.
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En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, anunció medidas para abordar la situación. “Yo les voy a mandar una carta como presidente de la corporación pidiéndoles que transparenten esta diferencia entre deudor o moroso y, evidentemente, se pongan al día cuando estén morosos”, afirmó.
Si bien la iniciativa no es vinculante, no se descarta que los casos puedan derivar a la Comisión de Ética o incluso abrir un debate sobre eventuales inhabilidades, en caso de que parlamentarios hayan participado en discusiones legislativas relacionadas con financiamiento estudiantil.
Por ahora, el envío de cartas marcará el primer gesto institucional, mientras el proceso de cobro a morosos del CAE comienza a tomar forma y suma presión política en el Congreso.




