La causa judicial que sacude a la cúpula del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo con el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino.
La decisión, firmada por el juez Diego Amarante, también alcanza a otros dirigentes relevantes del organismo y pone bajo la lupa la gestión administrativa de una institución clave en el deporte trasandino.
Aunque ninguno de los imputados irá a prisión preventiva, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para vincularlos, al menos de manera preliminar, con una presunta maniobra de retención indebida de aportes.
En ese marco, Tapia y Toviggino fueron embargados por 350 millones de pesos cada uno (unos 246.478 dólares) y deberán cumplir una serie de restricciones, entre ellas fijar domicilio, no ausentarse por más de 72 horas sin aviso y la prohibición de salir del país, aunque luego se autorizó una excepción puntual en el caso del presidente de la AFA.
Chiqui Tapia enfrenta a la justicia tras acusación de Gobierno de Milei: «Cumplimos con el juez»
Jueves 12 Marzo, 2026 | 16:59
El expediente apunta a determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos vinculados a tributos y aportes de la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La cifra investigada es impactante: más de 19.353 millones de pesos (casi 14 millones de dólares) que, según la hipótesis judicial, podrían haber sido retenidos indebidamente.
El caso no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas y deportivas. La AFA, en los últimos años, consolidó un modelo de gestión marcado por decisiones fuertes en materia de televisación y comercialización del fútbol, lo que elevó su perfil institucional, pero también generó tensiones.
En ese contexto, la respuesta de Tapia no tardó en llegar. Con un mensaje breve pero cargado de tono desafiante, el dirigente dejó en claro su postura frente a la investigación:
“Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”, señaló.
Recordar que esta investigación surgió tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
