La diputada Sara Concha confirmó este martes que regularizó una deuda asociada al Fondo Solidario de Crédito Universitario, luego de verificar personalmente un saldo pendiente en una de sus casas de estudio. La parlamentaria, además, desmintió categóricamente mantener obligaciones impagas vinculadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La aclaración se da en medio de la polémica generada tras revelarse que el Gobierno prepara el inicio del cobro a deudores del CAE, incluyendo a autoridades y parlamentarios que registran morosidades, según reveló un reportaje.
Gobierno prepara inicio de cobro a deudores de CAE en medio de polémica por diputados morosos
Lunes 30 Marzo, 2026 | 15:52
A través de una declaración pública, Concha sostuvo que “siempre me he preocupado de cumplir con todas mis responsabilidades de pago, y las deudas de educación son una de ellas”.
En esa línea, la diputada Concha explicó que, tras consultar en plataformas oficiales, “no figuro como deudora del Crédito con Aval del Estado (CAE)”, por lo que —aseguró— la información difundida durante el fin de semana le causó sorpresa.
La legisladora detalló que acudió personalmente a su ex casa de estudios para esclarecer la situación, instancia en la que se le informó de un saldo pendiente, pero correspondiente al Fondo Solidario. Según explicó, esta deuda no había sido advertida previamente debido a un cambio de universidad durante su etapa de pregrado.
“En el lugar se confirmó que existía un saldo pendiente asociado al Fondo Solidario, del cual no tuve conocimiento debido al cambio de universidad en pleno proceso de estudios de pregrado”, indicó.
Concha aseguró que, una vez notificada formalmente de la deuda, procedió a saldarla de inmediato. “Apenas tomé conocimiento formal de esta situación, procedí a regularizarla, porque mi compromiso siempre ha sido actuar con responsabilidad y total transparencia frente a la ciudadanía”, afirmó.
El caso se suma al debate abierto respecto a la situación de autoridades con deudas educativas, en momentos en que el Ejecutivo busca avanzar en el cobro a morosos del CAE, medida que ha generado cuestionamientos políticos y exigencias de mayor coherencia en el cumplimiento de obligaciones financieras por parte de figuras públicas.
