Instalarán detector de metales en colegio de Calama tras asesinato de inspectora

La instalación de un detector de metales en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama se convirtió en una de las primeras medidas adoptadas tras el crimen de una inspectora al interior del recinto, hecho que remeció a la comunidad educativa y abrió el debate sobre la seguridad escolar.

El dispositivo busca prevenir nuevos episodios de violencia dentro del establecimiento y forma parte de un plan más amplio impulsado a nivel regional. En ese contexto, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que existe una estrategia ya aprobada por el Consejo Regional (CORE) para implementar este tipo de tecnología, comenzando precisamente por la comuna de Calama.

Sin embargo, la autoridad advirtió que su puesta en marcha no es inmediata, ya que debe cumplir con una serie de exigencias administrativas y normativas. “Tiene que el colegio, en conjunto con los apoderados, cambiar el manual de convivencia, establecer el uso y levantar un protocolo de acción”, señaló.

En esa línea, detalló que “ese protocolo se lleva a la subsecretaría de Educación, que lo tiene que visar y autorizar, y ahí podrían estar habilitados para usarlo”, dando cuenta de los pasos pendientes antes de su implementación efectiva.

Desde el propio establecimiento de Calama, el administrador sostenedor, Jorge Reyes, coincidió en que la instalación del pórtico detector de metales no depende únicamente de la voluntad del colegio, sino también del marco legal vigente en materia de convivencia escolar. Asimismo, indicó que actualmente se evalúan diversas medidas para reforzar la seguridad.

Reyes agregó que durante los días posteriores a la tragedia, el foco estuvo puesto en el acompañamiento a las familias afectadas. “Estuvimos enfocados en el consuelo de la gente, del velorio de nuestra funcionaria, en la preocupación de la otra funcionaria que estaba grave en el hospital y del alumno que también fue trasladado a Antofagasta”, relató.

“Entonces el viernes, sábado y domingo fue más humano, pero hoy día ya estamos trabajando en todas las medidas de mitigación, todo lo que debemos hacer para comenzar a reabrir nuestras puertas”, añadió.

Pese a estos avances, desde la comunidad educativa persiste la inquietud por las condiciones de seguridad para el retorno a clases. La presidenta del Centro General de Padres, Cecilia Zuleta, expresó el malestar de los apoderados, asegurando que exigen garantías concretas antes de que los estudiantes regresen al recinto.

“Como se ha manifestado, muchos apoderados y no solo las directivas, están disconformes y quieren pedir y exigir muchas cosas”, afirmó.

De este modo, mientras la causa penal avanza hacia la formalización del imputado, el establecimiento y las autoridades buscan implementar medidas urgentes de resguardo, en medio de una comunidad aún golpeada por una tragedia sin precedentes en Calama.