El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, cuestionó que el fiscal regional Roberto Garrido y otros persecutores investiguen a la misma universidad en la que trabajan.
La autoridad se refirió a la Universidad Autónoma investigada por el traspaso de 21 mil millones de pesos en convenios con el GORE de La Araucanía.
“Los antecedentes los tiene el Ministerio Público y los tiene el fiscal regional y, ¿qué ocurre? Tanto el fiscal regional como otros fiscales del Ministerio Público son empleados también de la Universidad Autónoma. Yo espero que esto se corrija, se rectifique y la investigación avance”, indicó el gobernador.
Ante eso, el fiscal Garrido respondió que hace tiempo es docente, no solo en La Araucanía. Sobre el caso puntual de los recursos traspasados a la Universidad Autónoma, afirmó que “estas investigaciones han sido priorizadas y hay personas que están formalizadas”.
Es crucial precisar que la cifra mencionada por el gobernador, los $21 mil millones, solo corresponde a la Universidad Autónoma. Esta casa de estudios, junto a la Universidad de La Frontera y la Universidad Mayor, está siendo investigada en otra arista del caso convenios.
Hace más de un año que la Fiscalía se refirió a esa causa, indicando que eran al menos 20 mil millones de pesos los transferidos por el Gobierno Regional a las 3 casas de estudios.
Formalización a empresario por recursos entregados por el GORE
En otra causa, la Fiscalía Regional decidió formalizar a uno de los 12 empresarios investigados por eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de fondos que transfirió la Agencia de Desarrollo del GORE para un programa de reactivación económica.
Se trata del exrepublicano Alejandro Martini, quien recibió 50 millones de pesos para la Sociedad de Inversiones Martini; sin embargo, la entidad pública rechazó las rendiciones por problemas con algunas facturas.
El fiscal Garrido confirmó a Radio Bío Bío que solicitó una audiencia para formalizar al empresario y a su cónyuge el próximo 7 de mayo por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
El exrepublicano no es el único que recibió dineros del Gobierno Regional a través de la Agencia de Desarrollo Productivo; hay más de 300 empresas involucradas que no rindieron bien los recursos y que ascienden a más de 8 mil millones de pesos.
