Este martes, el gobierno dio suma urgencia a una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de endurecer las sanciones para involucrados en delitos graves. Lo anterior, tras una solicitud proveniente desde Renovación Nacional (RN).
¿Qué implica? Que el Congreso tiene un plazo de 15 días para discutirlo y despacharlo en cada trámite. Así, obliga a la Cámara de Diputadas o Diputados, o al Senado, a priorizar dicha iniciativa. No significa que el proyecto se apruebe automáticamente, pero sí que debe avanzar más rápido.
Recordemos que la petición de RN se dio tras el asesinato de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en la región de Antofagasta. La decisión del Ejecutivo fue confirmada por la senadora Camila Flores (RN).
“Quiero agradecer al Presidente de la República, José Antonio Kast, por acoger la solicitud de otorgar suma urgencia a la tramitación del proyecto que modifica el régimen de Responsabilidad Penal Adolescente, de modo de discutirlo a la brevedad”, comenzó diciendo.
A lo anterior, agregó: “Observamos con preocupación cómo, a edades cada vez más tempranas, se cometen delitos al interior de los establecimientos educacionales, afectando a compañeros, docentes y a toda la comunidad educativa. Se ha instalado la percepción de que, por su edad, estos hechos quedan sin sanción, lo que debilita el respeto por las normas y la convivencia”.
Así, destacó la solicitud que viene de su colectividad. A juicio de Flores, es necesario “avanzar en una normativa que permita que delitos de extrema gravedad, como el homicidio o la violación con homicidio, cuenten con sanciones proporcionales al bien jurídico que buscamos proteger, como es la vida, con independencia de quién los cometa”.
