La Corte de Apelaciones de Concepción, en la región del Bío Bío, dejó pendiente la sentencia sobre la situación del juez de Policía Local de Hualpén, investigado administrativamente por viajes al extranjero con licencia médica.
La defensa de Rodrigo Ferreira entregó al Pleno de Ministros los descargos contra una eventual sanción, esperándose antes de fin de mes el fallo que definirá el futuro del magistrado.
Fue en junio del año pasado, luego del informe de la Contraloría sobre funcionarios públicos que habían salido de Chile mientras estaban con licencia médica, que el Poder Judicial en el Bío Bío abrió el sumario contra el titular del Juzgado de Policía Local de Hualpén, magistrado Rodrigo Ferreira.
Según los antecedentes entregados por el propio juez en una serie de acciones legales, la investigación ordenada por la Corte de Apelaciones de Concepción tuvo que ver con dos viajes a Uruguay y Argentina, mientras hacía uso de dos permisos médicos autorizados por las isapres.
Tras 10 meses desde la apertura del sumario, la fiscal judicial María Francisca Durán entregó las conclusiones de la pesquisa al Pleno, cuyos ministros escucharon los alegatos del abogado defensor del juez, Sebastián Urrutia, dejando en acuerdo el fallo.
“Efectivamente se presentaron alegatos ante el pleno, en el cual se expuso en definitiva los fundamentos de la defensa, concordado también con lo planteado previamente a través de las pruebas que se rindieron oportunamente ante el fiscal que llevaba la sustanciación del caso. Así que esperaremos que se redacte el fallo por el ministro al cual le haya correspondido la redacción del mismo”, señaló.
Efectivamente el tribunal de alzada dejó pendiente la sentencia que definirá si sanciona o absuelve al magistrado municipal, esperándose su entrega dentro de las próximas semanas.
Sobre la confianza en la absolución de Ferreira, sin entrar en detalles, el abogado Urrutia sólo dijo que “presentamos todas las pruebas, declaraciones testimoniales, los argumentos de hecho y derecho, todos los antecedentes administrativos que obraban en poder de, tanto de la Policía de Investigaciones como de lo que respecta a la salida del extranjero y todo, en definitiva, los antecedentes que había hecho valer la municipalidad en su presentación ante la autoridad administrativa para los efectos de desvirtuar la orden de Contraloría”.
Rodrigo Ferreira debió devolver los dineros percibidos por las dos licencias médicas, luego que las isapres Banmédica y Cruz Blanca revocaran la aprobación de los dos permisos de salud, medida que está siendo impugnada por el juez a través de un recurso de protección.
