El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, afectado por el incendio de febrero de 2024.
El documento, firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa Constructora San Sebastián y otras entidades participantes en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales.
Uso irregular de sistema constructivo
Uno de los puntos más graves apunta al uso indebido del sistema constructivo “Fast Work”. Según el informe técnico citado en la denuncia, este método —aprobado solo para viviendas de un piso— habría sido utilizado en edificaciones de dos niveles y en configuraciones no autorizadas.
“El uso de certificaciones ajenas para acreditar un sistema constructivo en condiciones distintas a las aprobadas constituye un engaño tanto a las familias beneficiarias como al Estado”, señala el documento.
Además, se advierte que este uso indebido podría implicar riesgos estructurales en una zona altamente sísmica como la región de Valparaíso.
Fallas estructurales y riesgos para las familias
La División Técnica del ministerio detectó “serias dudas” respecto al comportamiento sísmico de las viviendas. Entre los hallazgos se mencionan sistemas estructurales “poco claros” en dirección transversal, falta de elementos que garanticen rigidez estructural y uso de paneles no certificados como elementos sismorresistentes.
En ese contexto, el informe concluye que el sistema “deberá analizarse con mayor detención”, debido al riesgo de deformaciones que podrían afectar tanto la estructura como elementos no estructurales.
El documento también advierte deficiencias en la resistencia al fuego, particularmente por el uso de estructuras metálicas sin verificación de protección adecuada.
Esto resulta especialmente sensible, considerando que las viviendas buscan reemplazar aquellas destruidas en el incendio de 2024.
A ello se suma la falta de acreditación en el aislamiento acústico entre viviendas, lo que implicaría incumplimientos a la normativa vigente.
Denuncias de cambios unilaterales y presiones a vecinos
Familias damnificadas acusaron que la constructora habría modificado materiales comprometidos sin su consentimiento. Estas denuncias fueron respaldadas por informes técnicos del propio ministerio.
Asimismo, se reportaron presuntas presiones económicas para impedir que los beneficiarios cambiaran de entidad patrocinante. Según el documento, se les habría advertido de un cobro de $1.200.000 descontado del subsidio habitacional.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos: estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas, tráfico de influencias.
En particular, se menciona que el uso de certificaciones en condiciones no autorizadas y la ejecución de obras distintas a las aprobadas “configuran el engaño con perjuicio patrimonial” tanto para las familias como para el Estado.
Además, se advierte que los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF en recursos públicos.
Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar responsabilidades en un caso que impacta directamente a familias afectadas por una de las tragedias más graves recientes en la región.
