La Contraloría Regional del Maule ratificó la presunta responsabilidad administrativa del alcalde de Río Claro, Américo Guajardo (IND-RN), por el manejo irregular de más de $1.100 millones en fondos educativos.
Según constató el Diario El Centro, el ente fiscalizador dio por acreditadas graves faltas a la probidad administrativa y determinó la responsabilidad directa del jefe comunal en un profundo descontrol financiero al interior del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).
La investigación detectó una diferencia neta de $1.143.809.693 entre los saldos bancarios y los fondos no utilizados por acreditar al cierre del año 2020.
El núcleo de la irregularidad radica en el manejo de las cuentas corrientes exclusivas del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Según el informe, se utilizaron recursos de diversas fuentes para cubrir déficits operacionales mediante maniobras realizadas bajo “decreto alcaldicio”. Funcionarios del DAEM declararon que estas acciones se ejecutaron por orden directa del jefe comunal, pese a que existieron advertencias previas sobre la ilegalidad de dichos movimientos.
La defensa del alcalde
Frente a estos hallazgos, el alcalde Américo Guajardo desestimó la gravedad de la cifra, atribuyendo el origen de la indagatoria a problemas de previsión social.
“Esto se debe a estas multas e intereses que se tuvieron que pagar producto del retraso en el pago de las cotizaciones previsionales en el área educación”, sostuvo la autoridad, quien además aseguró estar tranquilo y a la espera de presentar sus descargos finales para obtener claridad sobre el proceso.
No obstante, la Contraloría resolvió aplicar multas correspondientes al 25% de la remuneración diaria y amonestaciones por escrito a los exjefes del DAEM y al jefe de Finanzas, además de sancionar la omisión del deber de supervigilancia por parte del alcalde.
Actualmente, el futuro de la máxima autoridad comunal queda en manos del Cuerpo de Concejales de Río Claro, quienes deberán resolver si presentan los antecedentes ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para buscar su remoción por notable abandono de deberes.
