“No hay irregularidades ni búsqueda de beneficios personales”. Con esa frase, la defensa de la senadora Karol Cariola se refirió a la filtración de la declaración ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, en el marco del caso “Chinamart”.
El informe de la PDI sugiere que Cariola pudo haber operado fuera de los canales regulares de transparencia y lobby, manteniendo “vivo” un proceso administrativo que ya tenía una resolución técnica en contra.
La defensa de la senadora en cambio, insiste en que no hubo irregularidades ni búsqueda de beneficios personales y reiteró su disposición a colaborar en las diligencias.
En su testimonio, la parlamentaria confirmó haber intervenido ante la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para favorecer al empresario de origen chino Bo Yang (conocido como Emilio Yang).
Admitió también que contactó a la jefa comunal para solicitar orientación técnica sobre una patente de alcoholes del empresario, la que presentaba irregularidades y morosidad.
Según la senadora, su intención era ayudar a superar la brecha idiomática y facilitar la comprensión de los trámites administrativos.
Al respecto, el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia, señaló que el acto, además de poder constituir un delito, puede tratarse también de un grave caso de corrupción.
Tras la petición de la parlamentaria, la alcaldesa Hassler habría instruido a un funcionario municipal, Reynaldo Morales, para que revisara la situación del contribuyente.
El propio funcionario confirmó tiempo después que recibió presiones poco habituales y consultas directas de Cariola a través de WhatsApp.
Si bien la senadora negó haber recibido pagos por sus gestiones, sí reconoció haber aceptado regalos personales de Yang, específicamente un coche y ropa de bebé con motivo de su reciente maternidad.
Pese a la insistencia y las gestiones realizadas, el Concejo Municipal de Santiago terminó rechazando la renovación de la patente de alcoholes.
