El miércoles 1 de abril, Chile activó los protocolos de seguridad para suspender la recepción de gas desde Argentina a través del Gasoducto del Pacífico. El combustible que llegaba desde Vaca Muerta, al sur del vecino país, tenía un punto de rocío superior al permitido por la normativa chilena. Con mayor contenido de líquidos como propano y butano, este gas puede generar corrosión en las cañerías o congelar los ductos.
En términos concretos, el incidente fue menor. Duró menos de 72 horas, afectó solo a dos contratos de YPF con clientes industriales de las regiones de Ñuble y Bío Bío, que representaban hasta 833.000 metros cúbicos de gas por día, alrededor del 10% de las exportaciones argentinas totales a Chile y se resolvió con ajustes técnicos.
Pero en el vínculo energético entre Argentina y Chile, ningún corte de gas pasa desapercibido. El episodio reactiva la memoria institucional chilena de lo ocurrido entre 2004 y 2008, cuando Argentina interrumpió el suministro de manera unilateral.
Los años 90 y el quiebre de 2004
Durante la década del 90, los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle construyeron una integración energética entre Argentina y Chile. En 1995 firmaron un protocolo que habilitó el libre comercio del gas entre ambas naciones. El protocolo fue el puntapié inicial para una transformación estructural en la matriz energética chilena.
Entre 1997 y 1999, se construyeron cinco gasoductos binacionales que conectaron la Patagonia argentina con distintas regiones de Chile. El gas argentino se volvió central para la generación eléctrica en el país. En 2004, el 35% de la electricidad chilena dependía del suministro trasandino.
Esa dependencia se volvió una trampa. Tras el colapso del Régimen de Convertibilidad, que durante una década mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar, Argentina devaluó, defaulteó su deuda y congeló las tarifas de servicios como el gas y la electricidad. Eso desincentivó la inversión en el sector energético y generó una brecha creciente entre oferta y demanda interna. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner firmó una resolución que suspendió las exportaciones de gas natural a Chile. El argumento fue la prioridad del abastecimiento doméstico.
El gobierno de Ricardo Lagos reclamó que el protocolo de 1995 había sido violado unilateralmente por Argentina. Buenos Aires se escudó en que el acuerdo nunca había sido ratificado por el Congreso. La discusión diplomática fue encendida. Incluso el propio Menem, exiliado en Chile en ese momento por problemas judiciales en su país, calificó la decisión como inadmisible.
Las consecuencias para Chile fueron gravísimas. Las empresas generadoras eléctricas debieron reemplazar de urgencia el gas argentino por petróleo diésel, más caro, ineficiente y contaminante. En algunos casos, el costo de la energía se multiplicó por seis. La minería chilena, uno de los sectores más intensivos en consumo
energético, fue de las más afectadas. Las facturas de los consumidores residenciales se multiplicaron.
El corte total
La situación se agravó en los años siguientes. En 2007, una ola de frío llevó a Argentina a interrumpir de manera abrupta el suministro a Chile, afectando a hogares e industrias. Fue uno de los episodios más serios de la relación bilateral. Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los envíos se
redujeron hasta cero.
Chile tuvo que activar plantas de respaldo, pero su duración era incierta. El entonces ministro de Energía Marcelo Tokman aseguró que el abastecimiento residencial estaba cubierto por apenas dos semanas, gracias al gas acumulado en los ductos.
Más de 300 empresas chilenas debieron cambiar su matriz energética de urgencia: carbón y combustibles líquidos reemplazaron al gas argentino.
Chile tomó nota y no olvidó
A partir de esa crisis, el país construyó dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que le permitieron importar desde otros países. Levantó un parque de generación a carbón, e impulsó el desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar.
En 2018, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera, Argentina volvió a exportar gas a Chile, fue un hito celebrado por ambos países. El gas llegó a través del Gasoducto GasAndes y fue utilizado para generar electricidad en el complejo Nehuenco, de la empresa Colbún.
Hoy, la relación energética entre Argentina y Chile vive un nuevo período de expansión. Vaca Muerta produce gas en volúmenes que hace una década eran impensados, y los contratos de exportación se multiplican. Hace pocos días, Enap firmó el mayor contrato de su historia, asegurando que el 35% del crudo chileno provenga de la formación neuquina.
Pero incluso en ese clima de optimismo, su CEO, Julio Friedmann, lanzó una advertencia que resonó en todo el sector: Chile nunca volverá a depender completamente de Argentina, porque la crisis de 2004 fue un golpe estratégico que el país no puede permitirse repetir.
Por eso, además de reactivar el Oleoducto Trasandino, Enap construyó dos estanques de 50.000 metros cúbicos y mantiene su capacidad de importación marítima activa, lista para activarse de ser necesario. El nuevo contrato, además, está firmado bajo ley de Nueva York e incluye penalidades estrictas si alguna operadora argentina incumple. Los chilenos exigieron que la fuerza mayor política sea causal explícita de incumplimiento, aprendiendo de lo ocurrido en 2004.
El incidente se da en una relación que crece, aunque con equilibrios todavía frágiles y una confianza que sigue en construcción.
