La seremi de Medio Ambiente en la región de Valparaíso, Francisca Garay, ordenó auditar el convenio firmado durante 2023 entre el Ministerio de Medio Ambiente y el HUB de la Universidad de Playa Ancha, el que tenía como objetivo monitorear la calidad del aire en Quintero y Puchuncaví.
Para llevar a cabo el proyecto se comprometieron $850.303.791, que tenían como objetivo medir los daños ambientales presentes en la zona. Pese a esto, habría presentado múltiples negligencias que dificultaron su desarrollo.
Según lo evaluado por la cartera, las observaciones se vinculan a faltas y retrasos en la entrega de informes y reportes, junto con fallas en el cumplimiento de algunas exigencias técnicas y operativas establecidas en el convenio.
Además, los equipos —que se ubicarían en establecimientos educacionales— no se habrían instalado correctamente, obstruyendo la conexión a internet y el desarrollo de los trabajos administrativos, técnicos y operativos.
La seremi Garay señaló que la auditoría buscará transparentar el uso de los recursos públicos involucrados, junto con alertar posibles irregularidades.
“En virtud de los recursos públicos involucrados, se solicitó una auditoría para esclarecer los aspectos asociados a la compra y adquisición de equipos, así como la ejecución del convenio. Nuestro objetivo es esclarecer los hechos, transparentar las acciones que se han hecho y las que se dejaron de hacer en la administración anterior”, dijo.
A su vez, el delegado presidencial, Manuel Millones, señaló haber tenido conversaciones con Carlos González, rector de la Universidad de Playa Ancha, quien le habría comentado las dificultades que tuvieron para realizar los estudios en la zona.
“Me entregó antecedentes sobre las dificultades que ha tenido para implementar este plan y algunos caminos de solución. Toda esta información nos permite generar una propuesta que permita subsanar esta situación, con el fin de que el equipamiento efectivamente se pueda aprovechar en beneficio de la comunidad”, sostuvo.
Por otra parte, Juan Elías Pérez, concejal de Puchuncaví, lamentó que esta inversión no haya entregado las respuestas necesarias, generando un daño a una comunidad que ha sido golpeada durante años por problemas medioambientales.
“Nuestra comunidad ha vivido episodios de contaminación muy complejos, entonces cuando un proyecto que debía dar certezas, falla, lo que genera es más incertidumbre y una sensación de abandono que por ningún motivo podemos permitir”, planteó.
Finalmente, la entidad que llevará a cabo la auditoría aún se está evaluando por las autoridades. Por su parte, desde la casa de estudios no se han referido al tema públicamente hasta el cierre de esta edición.
Nota realizada por: Diego Carmona.
