La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en los municipios de Estación Central y Padre Hurtado en la gestión y ejecución de recursos públicos destinados a seguridad ciudadana.
El ente fiscalizador instruyó a ambas municipalidades el inicio de sumarios administrativos, con el fin de determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
🔴INFORMES DE AUDITORÍAS | Seguridad ciudadana: CGR advierte irregularidades en uso de recursos en Estación Central y Padre Hurtado.
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Cámaras de televigilancia no operativas y recursos no ejecutados en Estación Central
En el caso del municipio encabezado por Felipe Muñoz Vallejos, según el Informe N°521, la CGR detectó que en las unidades vecinales donde se concentró mayor cantidad de delitos durante 2024, también se encuentra el mayor número de cámaras de televigilancia: un total de 40. Sin embargo, 19 de ellas no estaban operativas a junio del mismo año.
En otros sectores de alta incidencia de ilícitos, de las 17 cámaras instaladas, nueve estaban fuera de servicio.
Igualmente, el organismo contralor advirtió que el 58% de las cámaras instaladas desde mayo de 2024, y de aquellas puestas en marcha hasta junio de 2025, no se mantenían operativas, observándose casos de fallas prolongadas por más de un año.
Además, el informe realizado por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría detectó debilidades en la gestión de intervenciones municipales.
En ese sentido, en el marco de operativos de despeje de comercio ambulante y retiro de rucos sustentados en la plataforma KOBO, no se acreditaron intervenciones en otros sectores pese a las denuncias de la comunidad. Además, no se aportaron antecedentes sobre el destino ni la eliminación de productos decomisados.
Por otro lado, la CGR indicó que la municipalidad suscribió con el Gobierno Regional Metropolitano el convenio “Vigilancia Eje Alameda” por un monto total de $4.504 millones, de los cuales se transfirieron $2.250 millones.
Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución alcanzaba $415 millones —equivalentes a un 18,4% de los recursos transferidos—, constatándose retrasos en la contratación de personal y en el arriendo de bienes y servicios.
Por último, el ente fiscalizador reportó retrasos significados en el traspaso de recursos desde la cuenta de fondos propios del municipio a la cuenta del programa específico, con demoras de hasta 402 días.
Equipamientos sin utilizar y otras deficiencias en Padre Hurtado
En el caso de la entidad edilicia liderada por el alcalde Felipe Muñoz Heredia, el informe N°566 constató que había botones de pánico almacenados en cajas, sin identificación de inventario ni funcionario responsable de su custodia.
Pese a haber sido recepcionados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los equipamientos para seguridad estaban inactivos al momento de la fiscalización.
Además, en una visita a la central de monitoreo comunal, se verificó que los postes inteligentes no transmitirían imágenes en tiempo real, lo que representa un incremento en el riesgo de no detectar hechos delicuales y genera retrasos en la respuesta operativa de los equipos municipales.
A lo anterior se suma la observación de que la Inspección Técnica del proyecto de televigilancia integral no certificó la calidad de las obras ni de los equipos instalados.
Con relación a este aspecto, se añade la ausencia de certificados eléctricos y de autorizaciones por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pese a que los sistemas estaban en funcionamiento y el contrato fue recepcionado provisoriamente sin observaciones. Incluso, se hicieron cambios contractuales sin respaldos en bases administrativas.
La CGR también notó una deficiente gestión de contrato a suma alzada (donde el contratista se compromete a entregar una obra por un precio fijo pactado previamente), cuyo valor asciende a $3.088 millones. Este registraba solo un 25% de avance financiero, pese a haber transcurrido 250 días desde el inicio en terreno y 130 días desde el vencimiento del plazo contractual, reflejando una falta de acción por parte de la Dirección de Obras Municipales.
Por último, el organismo contralor evidenció que la municipalidad no acreditó la integración del sistema lector de patentes (LPR) con la API de Carabineros, sistema que permite consultar en línea y en tiempo real si un vehículo tiene encargo por robo o hurto.
Por lo tanto, los operadores se vieron obligados a realizar procesos manuales, incrementando el riesgo de errores y limitando la capacidad de respuesta a eventos simultáneos.
