Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras, pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) que se pronuncie por el “doble sueldo” que perciben asesores del Gobierno de José Antonio Kast.
En concreto, los legisladores presentaron un oficio en el organismo fiscalizador para abordar la legalidad de esto, considerando que los asesores presidenciales reciben remuneraciones simultáneas por estar en cargos de elección popular.
Esta acción parlamentaria surge tras revelarse que figuras clave, como la jefa de gabinete presidencial, Catalina Ugarte; y asesores estratégicos en Transportes y Educación, han mantenido sus puestos como concejales o consejeros regionales (CORE), mientras ejercen funciones de alta responsabilidad en el Ejecutivo.
Diputados PDG piden pronunciamiento de Contraloría por “doble sueldo” de asesores presidenciales
Al respecto, la legisladora Tamara Ramírez fue enfática al señalar que “el estándar de probidad no puede ser un eslogan de campaña que se olvida al llegar a La Moneda”.
“Aquí hay una incompatibilidad de funciones evidente. Un asesor presidencial debe tener dedicación exclusiva, ya que es imposible asesorar al Presidente y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones que la gente les encomendó en las urnas”, agregó.
Por su parte, el diputado Fabián Ossandón señaló que “si no existió una instrucción expresa para que estos asesores renunciaran a sus cargos de elección popular apenas asumieron, estamos ante una falta grave a la probidad administrativa. No se puede estar en ambos lados, menos recibiendo recursos públicos de forma duplicada”.
En la misma línea, Patricio Briones subrayó que “se nos prometió una administración distinta, pero vemos que se repiten prácticas que dañan la confianza pública. Queremos que la Contraloría aclare si estas personas han destinado toda su jornada laboral a las asesorías de Gobierno como dicta la norma, o si han descuidado sus funciones públicas”.
Finalmente, la parlamentaria Flor Contreras sostuvo que esta es una “situación irregular”, por lo que necesitan que “la Contraloría determine las responsabilidades y, si corresponde, el reintegro de dineros percibidos de forma incompatible”.
La presentación del oficio pretende establecer si la omisión de una instrucción presidencial para evitar estas situaciones constituye una infracción reglamentaria, en un escenario donde la administración de Kast había prometido tolerancia cero a los privilegios estatales.
