La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto de “Escuelas Protegidas”, luego de una larga sesión especial que contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola.
El proyecto busca establecer sanciones para quienes cometan faltas al interior de recintos educacionales, incluso en el caso de interrupciones de clases.
En uno de sus artículos, incluso, pone como condición excluyente para optar a la gratuidad en la Educación Superior el no haber sido condenado por afecciones a infraestructura pública.
Tras la sesión, la ministra Arzola, puntualizó que “las familias y los estudiantes necesitan tener seguridad y tranquilidad de que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que les sea propicio para los aprendizajes”.
En la discusión también se determinó que los establecimientos educacionales sólo podrán realizar revisiones voluntarias de mochilas, mientras que las obligatorias serán facultad exclusiva de Carabineros y la PDI.
Un punto clave fue la indicación 109, que buscaba retirar beneficios a cargo fiscal (como la TNE o la tarjeta Junaeb) a condenados por daños a propiedad pública o privada.
Lo anterior, generó un intenso debate ya que quitar estos beneficios podría influir negativamente en la reinsersión de los estudiantes.
Al respecto, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) lamentó que no se haya aprobado, ya que “el objetivo era respetar los derechos humanos de la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren tener un ambiente de respeto.”
Desde la oposición en cambio, hubo fuertes cuestionamientos al proyecto.
La diputada y jefa de bancada comunista, Daniela Serrano, afirmó que el proyecto tiene “problemas de inconstitucionalidad, por lo que nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite para llevarlas al Tribunal Constitucional.”
El proyecto sería discutido en Sala el lunes, con informe de la diputada republicana Valentina Becerra.
Desde el Ejecutivo esperan que no haya un tercer trámite y se despache los próximos días o a más tardar tras la semana distrital, fijada antes de la Cuenta Pública el 1 de junio.
