La diputada del Frente Amplio, Coca Ñanco, ingresó un oficio dirigido a los ministerios del Interior, Defensa, Seguridad Pública y Obras Públicas, solicitando información detallada sobre la ejecución de las zanjas contempladas en el “Plan Escudo Fronterizo”, impulsado por el Gobierno.
El requerimiento apunta a esclarecer la responsabilidad institucional, el costo total estimado, las fuentes de financiamiento y los plazos actualizados de las obras. Esto, debido a un posible desfase entre lo comprometido por el Ejecutivo y el avance real del proyecto.
Según antecedentes públicos, el Gobierno anunció la construcción de 30 kilómetros de zanjas en un plazo de 90 días. Sin embargo, a semanas de cumplirse ese plazo, según consignó la diputada, el avance informado alcanza solo un 23%, proyectando su término recién para fines de 2026, lo que triplica el tiempo originalmente comprometido.
“Cuando se anuncian soluciones rápidas para problemas complejos, lo mínimo es que exista seriedad en la ejecución. Aquí tenemos una obra que se presentó como urgente, pero que hoy no cumple plazos, no transparenta costos y tampoco tiene claridad sobre quién responde por su implementación”, dijo Ñanco, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La crítica de Ñanco al Gobierno por construcción de la zanja
La legisladora agregó que “más que una política efectiva de control fronterizo, la zanja corre el riesgo de transformarse en un símbolo de improvisación: una medida que genera alto impacto comunicacional, pero de la que no sabemos cuánto cuesta, cómo se financia ni cuánto tiempo realmente tomará”.
“Y eso, en un contexto de recorte presupuestario, es una señal que no corresponde. Por eso estamos oficiando: porque el país necesita certezas, no anuncios. Saber cuánto se está gastando, con qué recursos y con qué resultados concretos no es opcional, es parte básica de la responsabilidad pública”, explicó.
Finalmente, la diputada insistió en que, pese a tratarse de una iniciativa prioritaria en materia de seguridad, no se ha informado públicamente el costo total de las obras ni la partida presupuestaria que las financia, lo que resulta especialmente contradictorio en un contexto donde el propio Gobierno ha promovido una política de austeridad fiscal.
