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El desplome de la política peruana en las presidenciales: una semana de caos y denuncias de fraude

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Escrito por:BioBio Chile

A esta altura ya no caben dudas de que las elecciones presidenciales son un nuevo hito en la desgastada y sumamente inestable política de Perú. A una semana que se realizaran los comicios, no hay claridad sobre quiénes competirán en la segunda vuelta, a lo que se suman acusaciones de fraude y auditorias a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Desde el domingo 12 de abril ya se avizoraba que el proceso sería difícil, con caos en varios centros de votación y mala preparación de la jornada eleccionaria, hechos que se extendieron a otros países donde votaron ciudadanos peruanos.

A consecuencia de ello, en Perú decidieron extender la votación en un día, hecho inédito, con el fin de ordenar la situación y darle la mayor transparencia posible, efecto que no ocurrió.

Lo cierto es que el ONPE (que cumple el mismo rol del Servel en Chile), se encuentra en medio de fuertes cuestionamientos dentro de Perú, esto pese a que observadores internacionales entregaron legtimidad a la elección.

Por lo anterior incluso se detuvo al ahora exgerente de Gestión Electoral de ONPE, José Edilberto Samamé, señalado como responsable de la desprolijidad en los lugares de sufragio.

El caos de la política de Perú traspasado a las elecciones

Para nadie es novedad escuchar sobre inestabilidad dentro del sistema político peruano. El país ha tenido ocho presidentes en una década, de los cuales destituyó a cinco. Asimismo, mantiene cuatro exmandatarios en la cárcel por diversos delitos, entre ellos corrupción; estos son Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

Por lo mismo, el caótico proceso eleccionario es algo que, si bien asombra, tampoco genera una sorpresa excesiva entre los propios ciudadanos peruanos.

En medio de todo este desbarajuste. Lo único que parece estar claro es que Keiko Fujimori será una de las candidatas que estará en balotaje, al alcanzar apenas el 17% de los votos. El segundo aspirante está entre el izquierdista Roberto Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga, quienes están en un empate técnico.

Como dato anecdótico: aunque parezca broma, los grandes ganadores de la primera vuelta fueron los votos nulos y blancos, que superaron en número a Fujimori.

Para peor, los peruanos deberán esperar cerca de un mes para obtener certezas, ya que los resultados finales se sabrán recién a mediados de mayo. La segunda vuelta será en junio.

Dentro de los candidatos, el más crítico de la votación ha sido López Aliaga, quien ha expresado abiertamente denuncias de fraude. El político, a quienes sus adherentes conocen cariñosamente como ‘Porky’, en las últimas horas hizo un llamado a convocar elecciones complementarias.

“Convoque usted (ONPE) a elecciones complementarias para todos los que no han votado en Lima y en todo el (país), para todos los peruanos que no han votado, elecciones complementarias, incluyendo a policías y militares que no los han dejado votar”, expuso en un mitín el pasado domingo.

Además, el líder del partido ultraderechista Renovación Popular acusó la existencia de una supuesta estrategia para generar caos y retrasar la votación, a la cual denominó como ‘operación motelo o tortuga’.

Junto con eso, en un momento de su discurso López Aliaga, que dijo ser experto en sistemas y base de datos, afirmó poseer peritajes judiciales que demostrarían el ingreso irregular de votos y la creación de miles de mesas virtuales durante la semana previa a la elección. Una locura.

Por otro lado Roberto Sánchez, conocido como el sucesor del izquierdista Pedro Castillo, ahora enfrenta dos denuncias por presuntos delitos de corrupción cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en la administración del propio Castillo.

Según develó Infobae, la propia Fiscalía de Perú acusó al político por cargos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, durante la gestión realizada en 2022.

“Además de la actual denuncia, el candidato quedó libre de responsabilidad en dos casos vinculados al intento de golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre de 2022, tras informes y votaciones que rechazaron su suspensión en el Congreso”, expusieron.

Al respecto, la analista peruana Silvia Miró Quesada indicó en el diario El Comercio que este proceso sólo ha agudizado la crisis política en el país sudamericano.

“Lo ocurrido dejó algo más grave que retrasos logísticos: dejó la amarga sensación de que incluso el acto más básico de la democracia puede quedar atrapado entre negligencias, improvisaciones e irresponsabilidades. Cuando un ciudadano no puede votar por fallas del propio sistema, lo que se vulnera no es solo un procedimiento: se hiere la confianza”, opina.

“Quizá por eso el miedo regresa como una memoria corporal. Porque detrás de cada crisis presente reaparecen todas las crisis anteriores: la adolescente que esperaba noticias, la madre que hacía colas interminables, la mujer que vio cerrarse la democracia, la viuda que aprendió a sostenerse sola, la madre que acompañó partir a un hijo que soñaba con un país distinto”, agrega.

Hay que señalar que este lunes se vivirá una jornada tensa en Perú, debido a que el jurado nacional de elecciones aplicará por primera vez la ley de recuento de votos para resolver inconsistencias en actas presidenciales.