Un grupo de concejales de Las Condes presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de reconsideración para impugnar las restricciones que los impiden ingresar a recintos educacionales y centros de salud.
La acción se dio porque los ediles consideraron que la medida impuesta limita su labor de representación vecinal.
La situación se originó en el marco de la emisión del Ordinario N°73 por parte de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, en el que se estableció que los concejales no tienen facultades individuales para fiscalizar directamente, por lo que hay una prohibición para el acceso a dichas dependencias.
El edil y presidente de la Comisión de Educación, Guillermo Ureta (UDI), afirmó que el documento comete el error de confundir la fiscalización como acto administrativo individual con el derecho de reunión y contacto con la comunidad.
El concejal indicó que, si bien respeta el criterio de que la fiscalización es una atribución del Concejo como órgano colegiado, no se puede prohibir que una autoridad se reúna con funcionarios, apoderados y alumnos.
“Una cosa es realizar una inspección técnica y otra muy distinta es ejercer nuestro derecho a la libre vinculación con los vecinos, el cual no requiere autorización de la entidad fiscalizada“, sostuvo.
Además, los ediles solicitaron una audiencia bajo la Ley de Lobby con la Subcontraloría General de la República para aclarar que las restricciones administrativas no anulen la función de representación en comunidades educativas.
Concejales afirman que la corporación no puede prohibir el derecho de reunión y desplazamiento
Los concejales Guillermo Ureta, Francesca Gorrini (RN) y Nayati Mahmoud (FA) presentaron el recurso de reconsideración en la tarde de este martes, señalando que la inexistencia de una potestad individual de fiscalización directa no puede permitir a la corporación prohibir los derechos de reunión y desplazamiento.
Ureta mencionó que “las corporaciones se han transformado, respecto de su fiscalización, en una caja negra, imposible de poder fiscalizar individualmente”.
“Así también lo ha reconocido la Contraloría, pero queremos nosotros manifestarnos y solicitar, con esta presentación, un recurso que nos permita ese contacto con los vecinos. Creemos que no es posible fiscalizar sin tomar contacto con la comunidad“, precisó.
Gorrini comentó que “los concejales de Las Condes nos hemos unido porque escapa a toda lógica que no podamos conversar y recabar en terreno antecedentes para ver cómo está siendo el funcionamiento de los inmuebles de la Corporación de Salud y de la Corporación de Educación”.
Mahmoud puntualizó que “es una lástima tener que llegar a este punto, pero nos vemos en la obligación de tomar cartas en el asunto cuando se pretende limitar nuestras funciones más esenciales, como es la fiscalización”.
“No podemos supervisar el uso de recursos si nos cierran las puertas de los establecimientos, menos aún cuando existen graves acusaciones de la falta de probidad en la corporación“, añadió.
“Estamos aquí para defender nuestro deber de resguardar el bienestar de las vecinas y los vecinos, asegurando que los servicios públicos funcionen de cara a la comunidad con total transparencia”, enfatizó.
Ediles indican que Ordinario N°78 no resuelve el problema
La Municipalidad de Las Condes dijo a BioBioChile que el instructivo quedó sin efecto.
Los funcionarios aseguraron que el Ordinario N°78 no resuelve el problema, ya que solo cambió una prohibición absoluta por un sistema de autorización previa, por lo que se sigue supeditando el rol de la autoridad a la voluntad del órgano auditado.
“Sostener que el problema está resuelto es una falta de respeto al Concejo y una vulneración al principio de legalidad, ya que se están creando restricciones que no existen en la ley“, resaltó Ureta.
