Este lunes inició en El Salvador el juicio contra 490 líderes de la banda criminal MS-13, conocida internacionalmente como Mara Salvatrucha. Los imputados deberán responder por un total de 47.000 delitos.
De acuerdo a lo expuesto por El País, los sujetos son acusados de delitos como homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas.
Juicio a los cabecillas de la Mara Salvatrucha en El Salvador
A eso se suma que fueron imputados por rebelión, “al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional”, señala el escrito de la FGR.
Asimismo, la Fiscalía determinó que los hechos criminales, perpetrados por el grupo, llevaron al gobierno a declarar el estado de excepción constitucional, que está vigente desde 2022.
El ente acusador indicó además que entre los imputados hay “413 que ya guardan prisión en el Cecot”, el Centro de Confinamiento del Terrorismo que ha trascendido como un símbolo de la cuestionada guerra contra las pandillas.
Asimismo, la Fiscalía expidió órdenes de captura para “73 sujetos” que están siendo procesados en calidad de ausentes.
El Ministerio Público no detalló si los procesados fueron capturados durante el régimen de excepción, ni el tiempo que durará el proceso judicial.
El Salvador abre juicio masivo a líderes de Mara Salvatrucha
La justicia de El Salvador inició el lunes un juicio contra unos 490 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y cabecillas, en el primer juicio masivo contra el mando de una… pic.twitter.com/oh6Ok7PTPm
— DW Español (@dw_espanol) April 21, 2026
Eso sí, se mostró confiado en que el “amplio respaldo de pruebas contundentes, permitirá la imposición de penas máximas a cada uno de los imputados”.
Este juicio masivo marca un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno para enfrentar la violencia de las pandillas en el país. La situación en El Salvador ha experimentado una transformación profunda desde que el presidente Nayib Bukele instauró en 2022 un régimen de excepción con el objetivo de desarticular a grupos como la MS-13 y Barrio 18.
A partir de entonces, las autoridades impulsaron una ofensiva sin precedentes basada en detenciones masivas, procesos judiciales colectivos y el despliegue de fuerzas militares en comunidades históricamente dominadas por estas estructuras criminales.
El impacto más evidente ha sido una reducción histórica en los homicidios y en delitos como la extorsión, lo que ha debilitado de forma considerable la presencia territorial de las pandillas. Muchos de sus integrantes han optado por ocultarse, abandonar sus zonas de influencia o incluso salir del país.
No obstante, reportes de inteligencia advierten que estas organizaciones no han sido erradicadas por completo: aún conservan células residuales, redes de apoyo y cierta capacidad de reorganización, aunque significativamente reducida.
