La discusión por la eliminación de las contribuciones vuelve a tomar fuerza, luego de que se incluyera en la Ley de Reconstrucción Nacional la exención del 100% del impuesto territorial para adultos mayores de 65 años en el caso de su vivienda principal.
La medida estipula que el beneficio se aplique en la primera propiedad de la persona, y establece sanciones para evitar su uso indebido, como multas por evasión del impuesto, y la inhabilitación para acceder a este beneficio por 10 años.
Si bien la idea es un alivio para el bolsillo de muchas personas, el impacto que esto podría generar en el Fondo Común Municipal preocupa a los municipios.
Lo anterior, ya que las contribuciones son una de las fuentes principales de financiamiento del fondo, el cual permite redistribuir recursos desde las comunas de mayores recursos a aquellas más vulnerables.
Según estimaciones del propio Ejecutivo, la eliminación implicaría una caída de cerca de 200 millones de dólares en recaudación anual, de los cuales 130 van directamente a este mecanismo de ayuda para los municipios.
De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el proyecto considera que la Ley de Presupuestos deberá contemplar mecanismos de compensación, pero no garantiza que esta reposición sea total.
En este escenario, alcaldes de distintos sectores han levantado alertas: uno de ellos es el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien catalogó la medida como una de las peores del último tiempo.
“Es la medida más regresiva que ha tomado un gobierno desde el retorno a la democracia, toda vez que le cuida el bolsillo al 5% de mayor ingreso en la población. Pone en riesgo la prestación de servicios básicos para más del 80% de las comunas de todo Chile“, aseguró.
La preocupación es transversal. Así lo menciona la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien no ve una hoja de ruta clara sobre la cual se trabaja el proyecto y cómo afectará al Fondo Común Municipal.
“Me preocupa no ver una hoja de ruta sobre cómo se van a implementar los cambios al Fondo Común Municipal. Los municipios estamos planificando el futuro sobre una realidad totalmente incierta“, aseveró.
De igual modo, hay jefes comunales que valoran el fin de la ley. Una de ellas es la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, principalmente porque esta medida viene en ayuda de aquellos adultos mayores que no pueden pagar sus contribuciones. Aún así, hace énfasis en que es muy importante que se aclaren los mecanismos de compensación.
“Si no existe una compensación clara y permanente por parte del Estado, esta medida puede terminar afectando directamente los servicios esenciales, como seguridad, la mantención de espacios públicos y el apoyo social a nuestros vecinos”, advirtió.
Una medida que abre un nuevo eje de tensión en el financiamiento municipal, en un escenario donde los municipios advierten que cualquier pérdida de recursos impactará directamente la vida de sus vecinos.
