La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial manifestó su “más profundo rechazo” a la reunión sostenida por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, con familiares de uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, en medio de la controversia generada por el encuentro.
La cita —realizada en el marco de la política de “puertas abiertas” impulsada por la magistrada— incluyó a representantes de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, lo que generó críticas desde distintos sectores, especialmente por tratarse de familiares de personas condenadas por delitos cometidos durante la dictadura.
En una declaración pública, la organización cuestionó duramente el gesto institucional, señalando que “otorgar visibilidad pública a los familiares de estos condenados constituye una señal profundamente equivocada y una afrenta para las víctimas y sus familias”.
Asimismo, plantearon una crítica directa a la decisión de la presidenta del máximo tribunal: “Cabe preguntarse si la Presidenta de la Corte Suprema estaría dispuesta a reunirse con familiares de personas responsables de delitos como asesinato, violación o desaparición forzada. La respuesta resulta evidente: no”, sostuvieron.
En esa línea, recalcaron que los condenados por estos casos “actuaron amparados en el poder del Estado”, en un contexto donde —según indicaron— existió “silencio cómplice e inacción del propio Poder Judicial durante la dictadura”.
La polémica surge luego de que se difundiera un registro del encuentro, donde familiares de los condenados valoraron la instancia y agradecieron la disposición de Chevesich para escucharlos y orientarlos respecto a sus inquietudes.
La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial expresa su más profundo rechazo a la reunión sostenida por la Presidenta de la Corte Suprema con familiares de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. #CorteSuprema #PoderJudicial #DerechosHumanos pic.twitter.com/aPmn3rVJ9a
— Organización de Trabajador@s Judiciales (@OTJ_Chile) April 22, 2026
“Erosiona la confianza en la justicia”
Desde la organización de funcionarios judiciales advirtieron que este tipo de gestos “generan un inaceptable halo de legitimidad” sobre personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.
A su juicio, la situación no solo afecta a las víctimas, sino que también “erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial” y debilita el compromiso del país con los principios de justicia transicional.
Finalmente, hicieron un llamado a la Corte Suprema a “reafirmar sin ambigüedades su compromiso con las víctimas, la memoria y la no repetición”, subrayando que “la justicia no puede dar señales equívocas frente a los crímenes de lesa humanidad”.
Las críticas se suman a cuestionamientos previos de abogados y organizaciones de derechos humanos, quienes han advertido que este tipo de instancias no forman parte de las obligaciones del Poder Judicial y podrían abrir espacio a discursos que relativicen estos delitos.
