La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó los cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenando la apertura de un juicio en su contra por asesinatos y tentativas de asesinato entre 2011 y 2019.
A través de un comunicado, la Corte confirmó por unanimidad la existencia de motivos sustanciales para creer que Duterte cometió crímenes contra la humanidad, primero como alcalde de la ciudad de Davao y luego como presidente, en el contexto de su “guerra contra las drogas”.
De esta manera, Duterte será juzgado ante una Sala de Primera Instancia, la que deberá fijar el calendario y las condiciones del juicio.
“La Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que hay motivos fundados para creer que el Sr. Duterte es responsable de los crímenes contra la humanidad de asesinato e intento de asesinato, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma”, indicó la CPI.
“Estos crímenes se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil en el territorio de la República de Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de la campaña ‘guerra contra las drogas’”, agregó.
“La Sala de Cuestiones Preliminares I basó su decisión en las pruebas y argumentos presentados por el Fiscal y la Defensa durante la audiencia de confirmación de cargos del 23 al 27 de febrero de 2026, así como en las presentaciones y documentos de las partes, incluidas las víctimas”, indicó.
Duterte es acusado de estar implicado en al menos 76 asesinatos vinculados a su campaña antidrogas, la cual habría dejado miles de víctimas.
La CPI afirma que Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego como presidente, estuvo al frente de una estructura responsable de miles de asesinatos, a través de escuadrones de la muerte locales y después mediante fuerzas de seguridad a nivel nacional.
Por el momento la defensa del expresidente no ha confirmado si Duterte, de 81 años, asistirá a su juicio. Según han señalado, se encuentra demasiado débil mentalmente como para seguir los procedimientos.
“La decisión de la CPI de enviar a Duterte a juicio abre la puerta a la tan esperada justicia para las familias de las víctimas de su ‘guerra contra las drogas’ y es un reconocimiento importante de su sufrimiento”, señaló María Elena Vignoli, asesora de justicia internacional de Human Rights Watch.
“El juicio de Duterte enviará un poderoso mensaje a los responsables de crímenes graves en Filipinas y otros lugares de que nadie está por encima de la ley y que la justicia eventualmente los alcanzará”, sostuvo.
El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta.
