La oposición fue firme y tajante con el Gobierno de José Antonio Kast tras conocerse una circular del Ministerio de Hacienda que propone recortes a diversos programas, entre ellos el de Alimentación Escolar.
Por lo anterior, la diputada Daniela Serrano (PC) anunció la solicitud de una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de una citación en la comisión de Educación.
Según indicó la parlamentaria, el documento —enviado a todos los ministerios— plantea la suspensión de iniciativas, incluyendo aquellas vinculadas a la alimentación de estudiantes del sistema público.
“Consideramos que la ministra de Educación, María Paz Arzola, tiene que ir a dar cuentas a la Cámara”, señaló Serrano, quien además integra la comisión de Educación.
En esa línea, confirmó que solicitó tanto la sesión especial en la sala como la citación de la secretaria de Estado a la instancia legislativa.
La diputada calificó la situación como “grave” y sostuvo que los recortes afectarían directamente a niños y niñas de escuelas públicas. “Se propone el recorte de distintos programas. Entre ellos estaría el programa de Alimentación Escolar. Es decir, el desayuno, almuerzo y once de los niños y niñas”, afirmó.
Oficio a Hacienda y Educación por eventuales ajustes
En paralelo, el diputado José Montalva (PPD), junto a la bancada PPD-Independientes, ofició a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Educación, María Paz Arzola, para solicitar información sobre eventuales ajustes presupuestarios que podrían afectar programas sociales.
El parlamentario advirtió que una circular del Ministerio de Hacienda identifica 15 programas del Ministerio de Educación con recomendación de descontinuación. Entre ellos, destacó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
“Aquí hay que decir las cosas como son: el ajuste fiscal no es neutro, alguien lo paga. Y hoy el Gobierno pareciera estar decidiendo que lo paguen los niños más vulnerables”, sostuvo Montalva.
El oficio también plantea que la eventual eliminación del PAE impactaría a cerca de 2 millones de estudiantes, quienes reciben desayunos, almuerzos y otras raciones durante el año escolar. Según el documento, en sectores vulnerables estas comidas representan, en muchos casos, la única alimentación diaria asegurada.
Advertencias por impacto en educación pública
Desde la misma bancada, el diputado Carlos Carvajal expresó su preocupación por el eventual “desmantelamiento del sistema educativo”.
“Eliminar programas críticos como la alimentación escolar o el fondo de apoyo a la educación pública no es un simple ajuste, es un golpe directo a la movilidad social de los sectores más vulnerables”, afirmó.
El parlamentario agregó que la medida podría afectar el funcionamiento de municipios y servicios locales de educación, incluyendo financiamiento para transporte escolar, servicios básicos y sueldos.
Por su parte, a través de una declaración pública, el Partido por la Democracia (PPD) rechazó los recortes en educación, calificándolos como una medida “cruel” y señalando que responden a una “decisión política”.
En el texto, la colectividad acusó al Gobierno del presidente José Antonio Kast de impulsar un ajuste fiscal que afectaría directamente a niños y jóvenes, especialmente mediante la eventual eliminación del PAE.
“El hambre no es un ajuste”, señalaron, agregando que no existe justificación técnica ni económica para reducir programas de alimentación escolar, los que —afirman— han sido clave para disminuir la desnutrición y fomentar la asistencia a clases.
Asimismo, cuestionaron que más del 60% de los programas del Ministerio de Educación quedarían sujetos a eliminación o recortes, incluyendo iniciativas como la educación rural, la beca indígena y programas de reinserción escolar.
Solicitan fundamentos técnicos y jurídicos
El oficio presentado por Montalva solicita al Ejecutivo detallar los fundamentos jurídicos, constitucionales y técnicos que sustenten la eventual eliminación de estos programas, además de precisar el número de estudiantes, establecimientos y funcionarios que se verían afectados.
También se pide remitir los informes que respalden la decisión, en medio de advertencias sobre posibles implicancias legales, considerando que el Programa de Alimentación Escolar está vinculado a derechos garantizados en la legislación nacional y tratados internacionales suscritos por Chile.
Por ahora, desde el Gobierno no se ha informado públicamente una decisión definitiva respecto a la continuidad o eliminación de estas iniciativas.
