La incertidumbre domina el panorama político en Perú tras la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, ya que los resultados oficiales siguen sin ser proclamados debido a la revisión exhaustiva de miles de actas observadas e impugnadas, así como por los retrasos logísticos y las denuncias de presuntas irregularidades.
El proceso, supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se ha visto marcado por una competencia reñida, acusaciones cruzadas y procedimientos legales que mantienen en vilo a millones de ciudadanos.
De acuerdo con los reportes más recientes de la ONPE, hasta el corte de la mañana del 24 de abril, el organismo había contabilizado el 95,080% de las actas, lo que representa la revisión de 88.202 documentos y el envío de 4.564 al Jurado Electoral Especial (JEE).
El total de actas presidenciales procesadas asciende a 92.766. Según las cifras oficiales, Keiko Fujimori encabeza la lista con el 17,054% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez con 12,039%, Rafael López Aliaga con 11,903% y Jorge Nieto con 11,034%.
La ONPE informó que el procesamiento del 100% de las actas se completó el 22 de abril. Sin embargo, aclaró que existen diferencias entre actas procesadas y contabilizadas: “Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, pero no necesariamente sumadas, mientras que las actas contabilizadas son las que han pasado el control de calidad, no tienen errores y sus votos ya se sumaron al resultado oficial final”.
Así lo comunicó el organismo a través de su sitio web, que ya ha sido consultado por casi 11 millones de usuarios únicos y suma más de 232 millones de vistas totales.
El proceso de revisión se ha desarrollado en 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales, incluyendo una dedicada exclusivamente a los peruanos en el extranjero. En cada centro de cómputo, se habilitaron espacios para observadores y personeros de las distintas organizaciones políticas, con acceso las 24 horas.
Observaciones e impugnaciones
El camino hacia la proclamación oficial se encuentra ahora en manos del JNE, que debe resolver la situación de aproximadamente 5.171 actas observadas. Estas actas presentan incidencias o inconsistencias, por lo que requieren una evaluación detallada.
Según explicó el coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, el resultado oficial se conocerá “a más tardar el 15 de mayo”, con el objetivo de que los candidatos que accedan a la segunda vuelta dispongan del tiempo necesario para su campaña y los debates.
En palabras de Valdivia, “es la fecha máxima que nos hemos planteado porque hay que dar tiempo a los candidatos que pasen a la segunda elección, para que realicen su propaganda electoral y los debates que se tienen que generar”.
Aproximadamente un 6% de las actas de la elección presidencial, que representan más de un millón de votos, han sido impugnadas por errores u omisiones.
La revisión de estas actas incluye audiencias públicas que se llevan a cabo en diversas zonas del país. Además, el JNE debe analizar miles de actas correspondientes a las elecciones de senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.
Competencia ajustada
La competencia por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se ha tornado especialmente tensa, con una diferencia de apenas 20.000 votos según los últimos reportes. El desenlace de esta disputa determinará quién enfrentará a Keiko Fujimori en el balotaje previsto para el 7 de junio.
La lentitud del recuento ha generado críticas por parte de diversos sectores y denuncias de supuestas irregularidades. López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular, declaró que Piero Corvetto, quien era jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú y renunció recientemente, “va a tener 20 años en la cárcel”.
“Me voy a encargar de eso. Voy a perseguirlo hasta que se muera”. Así lo sostuvo el 22 de abril durante una transmisión en vivo, mientras exponía lo que considera pruebas de fraude electoral”, agregó.
El propio Corvetto reconoció retrasos logísticos, aunque negó la existencia de “graves irregularidades”. El JNE ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el derecho al sufragio, que involucra a Corvetto y otros funcionarios.
Fallos logísticos
Diversos medios han informado sobre los problemas logísticos que se evidenciaron el día de la elección, cuando 15 colegios electorales en Lima Metropolitana no pudieron instalar sus mesas por falta de material electoral, lo que impidió votar a aproximadamente 60.000 personas.
El JNE permitió que estos locales abrieran al día siguiente (el lunes 13 de abril), una medida inédita que, según López Aliaga, perjudicó a su partido. El candidato insiste en que “el país no aguanta mucho más, este robo ya se produjo en 2021 y ahora ya sabemos cómo, porque ahora hemos estado preparados y hemos visto los actos criminales de este grupo delincuencial”.
El planteamiento de López Aliaga de realizar elecciones complementarias en Lima fue descartado por el JNE, ya que la legislación vigente no contempla esta posibilidad para elecciones generales.
“El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades”, establece la Ley de Elecciones Municipales, pero estas excepciones solo aplican a comicios municipales.
Complejidad constitucional
La reforma constitucional de 2024 añadió mayor complejidad al proceso, ya que los ciudadanos debieron elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino en una sola jornada. La cédula de votación incluyó hasta 12 opciones diferentes y una lista de 35 candidatos presidenciales, lo que complicó el recuento y la resolución de actas observadas.
“El escrutinio llevó muchas horas, lo que provocó retrasos y errores, a veces por el cansancio de los miembros de las mesas”, explicó José Tello, exministro de Justicia de Perú.
El país enfrenta además dificultades logísticas derivadas de su geografía rural y la falta de digitalización en el sistema electoral, además de los desafíos para procesar las actas provenientes del extranjero.
Acciones de la Fiscalía
En la mañana del 24 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú realizaron un allanamiento en la vivienda de Piero Corvetto tras las fallas reportadas en las elecciones.
El juez Manuel Chuyo autorizó la incautación de equipos informáticos de Corvetto y de otros funcionarios de la ONPE involucrados, así como el allanamiento de la empresa Galaga. La solicitud de detención preliminar contra Corvetto fue rechazada por el juez, según conoció BioBioChile.
El fiscal general Tomás Gálvez declaró que el Ministerio Público está “actuando con toda firmeza” y que será el juez quien resuelva sobre la petición de detención. Gálvez confirmó que Corvetto ha entregado dos pasaportes a la Fiscalía Anticorrupción debido a su doble nacionalidad.
Reacciones internacionales
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló en su informe preliminar que “estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de la República del Perú” y que se desarrollaron en un marco legal reformado que generó desafíos para votantes y autoridades.
La jefa de la misión, Annalisa Corrado, afirmó que los observadores europeos constataron “retrasos, pero en un clima bastante tranquilo y sin irregularidades”.
El reporte de la misión europea concluyó que “el escrutinio realizado por los miembros de mesa fue considerado en general transparente y bienintencionado, aunque se vio afectado por la complejidad de los procedimientos y la preparación insuficiente del personal”. La participación electoral superó el 76%, una cifra superior a la registrada en los últimos comicios.
Próximos pasos
Mientras tanto, la competencia por el segundo lugar entre Sánchez y López Aliaga se mantiene abierta. La ONPE y el JNE coordinan acciones para evitar mayores retrasos y se implementan medidas correctivas en la gestión administrativa, mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
Los próximos días serán determinantes para definir quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio, en medio de un contexto de alta expectativa y escrutinio tanto nacional como internacional.
