El Gobierno reingresó el nuevo reglamento de la llamada “Ley Uber”, en un intento por destrabar una normativa que lleva años sin poder implementarse, incorporando una serie de ajustes orientados a facilitar su aplicación.
Entre los cambios, se permite que los vehículos tengan hasta cinco años de antigüedad al momento de incorporarse a la plataforma, plazo que se amplía a siete años en regiones extremas.
En tanto, los autos que ya están operando podrán seguir funcionando hasta cumplir 15 años.
Además, se elimina la exigencia de cilindrada mínima —uno de los puntos más cuestionados del reglamento anterior— y se reducen los requisitos administrativos.
La propuesta también contempla flexibilizar el reemplazo de vehículos y aumentar la frecuencia de publicación de cupos disponibles, que ahora será cada 10 días.
A ello se suma el fin del congelamiento de cupos, medida que —según el Ejecutivo— limitaba la capacidad de las plataformas para adaptarse a la demanda.
Desde el gobierno, el ministro de Transportes, Louis de Grange, defendió los cambios y aseguró que se trata de una versión mejorada del reglamento.
“La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo. Afectaba en un 85%. Por lo tanto, estas flexibilizaciones regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad del servicio por una parte y, por otra, a favorecer el empleo porque yo creo que ayuda mucho a la política del gobierno de impulsar la economía”, sostuvo.
En el oficialismo, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Transportes, Camila Flores, respaldó la iniciativa, aunque advirtió que su implementación estará sujeta a fiscalización.
“Corregir estos aspectos va en la línea correcta. Desde el Senado, y particularmente desde la Comisión de Transportes, vamos a ejercer nuestro rol fiscalizador como corresponde, con responsabilidad y exigiendo garantías claras al ministerio”, afirmó.
Desde la oposición, en tanto, el senador socialista, Gastón Saavedra, cuestionó la flexibilización de la normativa, advirtiendo que se trata de una actividad sensible, dado que implica el transporte de personas.
En paralelo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones avanza en el desarrollo de la plataforma tecnológica que permitirá implementar la ley, luego de fallidas licitaciones anteriores que incluso implicaron pérdidas millonarias.
Si bien el Ejecutivo proyecta que el sistema esté operativo en los próximos meses, desde la industria advierten que los plazos podrían extenderse.
En ese escenario, continúan las fiscalizaciones a conductores de aplicaciones, en medio de un sistema que aún funciona sin una regulación plenamente vigente.
Un nuevo intento por poner en marcha la Ley Uber que vuelve a tensionar el debate entre mayor flexibilidad, generación de empleo y seguridad en el transporte.
