Como una “mejora sustancial” o “nivelación hacia abajo” califican los expertos el nuevo reglamento de la ley Uber reingresado a Contraloría, que flexibiliza requisitos como la antigüedad de los vehículos y elimina restricciones técnicas como la cilindrada.
Desde el gremio de taxis acusan que la norma “desregula el sistema” y profundiza la competencia desigual, mientras que parlamentarios miran con atención un posible conflicto de interés del ministro De Grange.
Reglamento de Ley Uber ingresa a Contraloría
El gobierno ingresó a Contraloría el nuevo reglamento que regula a las empresas de aplicaciones de transporte, en el marco del Decreto Supremo 95, a través del cual se busca implementar la ley 21.553 que regule a plataformas como Uber, Cabify y DiDi.
Uno de los principales puntos que se agregó en este nuevo reglamento es el registro nacional obligatorio para empresas, conductores y vehículos, el cual será un requisito mínimo para operar legalmente.
Otros cambios que se añadieron son la eliminación de la cilindrada mínima y la flexibilización de la antigüedad de los autos, permitiendo el ingreso de autos con hasta cinco años, y de diez durante los primeros 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley.
Desde el mundo académico, el reglamento genera opiniones divididas. El académico de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, valoró la flexibilización de ciertos requisitos como cilindrada y años como algo importante, ya que permite tener más personas con empleos.
“Es una mejora sustancial con respecto a lo que había en el gobierno anterior”, señaló.
Sin embargo, el ingeniero en transportes, Ariel López, criticó el reglamento, enfatizando que se retrocede en requisitos mínimos de seguridad, siendo un traje a la medida para solo una empresa.
Gremio acusa desregulación encubierta
Desde el mundo de los taxis, la opinión sobre la ley Uber es negativa. El presidente de taxis colectivos y transporte menor de Chile, Eduardo Castillo, enfatizó en que el reglamento es un retroceso para los trabajadores formalizados, ya que se bajan estándares mínimos que ellos sí deben cumplir.
“No corrige el sistema, lo desregula, mientras al transporte formal se le exige todo”, aseguró.
Desde el mundo político también han surgido repercusiones, esto porque en 2023, el actual ministro de la cartera de Transporte realizó un informe en donde criticaba ciertos aspectos del informe ingresado por la administración anterior. Ante un posible conflicto de interés, la diputada UDI, Natalia Romero, y el diputado PS, Francisco Crisóstomo, se refirieron a los cuestionamientos.
“Es importante entender que este tipo de aplicaciones ha contribuido a mitigar los problemas de transporte público que existen en regiones”, señaló Romero.
Mientras que Crisóstomo agregó que “creemos que es importante actuar con responsabilidad y prudencia”.
El reglamento entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, marcando un nuevo escenario para el transporte por aplicaciones en Chile, con mayores exigencias, pero también con un debate abierto sobre su impacto en el empleo, la seguridad de las aplicaciones y la competencia en el sector.
