Los diputados Jaime Bassa y Erika Ñanco exigieron al Gobierno aclarar el alcance de los recortes presupuestarios anunciados para los próximos años, que podrían alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 y afectar a más de un centenar de programas estatales.
La ofensiva parlamentaria se concretó a través de un oficio enviado al Ministerio de Hacienda, en el que solicitan detallar los fundamentos, criterios y efectos del ajuste fiscal contenido en el Oficio N°16, documento que fija directrices para el Presupuesto 2027 y la programación financiera entre 2028 y 2031.
Según plantearon, la medida se da en medio de un escenario de “estrechez fiscal” instalado por el propio Ejecutivo, pero que —a su juicio— ha sido comunicado sin la suficiente claridad respecto de sus implicancias reales.
Los legisladores advirtieron que, hasta ahora, no existe información precisa sobre los programas que se verían afectados, ni sobre los montos específicos comprometidos, lo que genera incertidumbre tanto en la ciudadanía como en la gestión pública.
En ese contexto, el diputado Bassa cuestionó la forma en que se ha dado a conocer el ajuste, señalando que anuncios de esta magnitud sin explicaciones adecuadas “comprometen la toma de decisiones públicas y el correcto funcionamiento del Estado”.
“Declaraciones imprecisas, erróneas”
“Hasta ahora solo conocemos declaraciones imprecisas, incluso erróneas, que luego deben ser corregidas sobre la marcha”, afirmó, insistiendo en que el Gobierno debe transparentar los criterios, montos y efectos de estas decisiones.
Por su parte, la diputada Ñanco advirtió sobre los riesgos de avanzar en recortes sin información suficiente, recalcando que “no se puede pedir responsabilidad fiscal mientras se mantiene en la incertidumbre a las comunidades que dependen de estas políticas”.
Asimismo, sostuvo que resulta “irresponsable” anunciar reducciones al aparato estatal sin explicar cómo se implementarán ni cuáles serán sus consecuencias, especialmente en áreas sensibles como salud, educación y protección social.
De acuerdo a lo expuesto mediante un comunicado de prensa, el oficio también solicita conocer la metodología utilizada para definir los recortes, además de eventuales medidas de mitigación para evitar impactos en sectores vulnerables.
Finalmente, ambos parlamentarios indicaron que la acción busca asegurar el control democrático sobre decisiones de alto impacto, en medio de un debate que —según acusan— se ha desarrollado más en base a anuncios confusos que a información concreta.
