La hoja de ruta de austeridad que impulsa el Ministerio de Hacienda comienza a tomar forma, generando fuertes fricciones tanto con la oposición como también con el oficialismo. Según antecedentes conocidos esta semana, el ministro Jorge Quiroz propuso recortes que alcanzan a cerca de 260 programas de gobierno, distribuidos en todos los ministerios, con ajustes que podrían bordear el 15% en varios casos.
El diseño no solo apunta a iniciativas de menor visibilidad. Por el contrario, el listado incluye políticas emblemáticas y sensibles, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), pese a las promesas del propio José Antonio Kast durante su campaña presidencial, cuando aseguró que este beneficio no sería objeto de recortes.
Desarrollo Social: la primera señal concreta
El debate dejó de ser hipotético el martes, cuando se conocieron los primeros recortes efectivos en el Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con información a la que accedió BioBioChile, el programa de ajuar para recién nacidos encabeza la lista de reducciones, tras la firma de una circular por parte del propio Quiroz que instruye la contención del gasto.
Pero no sería el único. También se verían afectados otros programas de apoyo directo a hogares vulnerables, así como líneas administradas por el Instituto de Previsión Social (IPS), lo que abre un nuevo flanco de críticas al Gobierno por el impacto hacia beneficios y prestaciones que operan como soporte del sistema de protección social.
Educación, becas y áreas estratégicas bajo presión
El ajuste también alcanza al ámbito educacional. Según lo informado por La Tercera, las becas estudiantiles figuran dentro del conjunto de programas susceptibles de recorte, como Vocación Profesor, Juan Gómez Millas y la beca para hijos de profesionales de la educación.
A esto se suman iniciativas como los Liceos Bicentenario, además del financiamiento del Museo Interactivo Mirador (MIM), ícono de la divulgación científica. En paralelo, organismos vinculados al fomento productivo como Corfo también entrarían en la lógica de ajuste, así como Crédito MiPyme.
La PGU en el centro de la tensión
El punto más delicado sigue siendo la eventual afectación de la PGU. Más allá del alcance específico del ajuste que propone Quiroz —que aún no ha sido precisado en detalle—, el solo hecho de que el beneficio esté bajo evaluación tensiona la narrativa oficial.
Recordemos que durante la campaña, José Antonio Kast fue categórico en defender la continuidad de este beneficio creado por el fallecido expresidente Sebastián Piñera, en un contexto donde criticaba duramente la gestión del entonces presidente Gabriel Boric.
Seguridad, Deportes, Mujer y Transportes: recorte transversal
No obstante, las sugerencias como parte del ambicioso plan fiscal de recortes salpican a otras áreas como Seguridad Pública, Deportes, políticas de género y Transportes, según detalla La Tercera.
Programas dependientes del Ministerio del Deporte, iniciativas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así como planes asociados a movilidad y conectividad, formarían parte del paquete de revisión presupuestaria.
En Seguridad, en tanto, el foco estaría en optimizar recursos en medio de una agenda ya tensionada por la demanda ciudadana en materia de control del delito.
Entre la responsabilidad fiscal y el costo social
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el ajuste responde a una necesidad de ordenar las cuentas públicas, insistiendo en una retórica de un sostenido malgasto de recursos por parte del Gobierno anterior. No obstante, el desafío para el Gobierno radica en equilibrar esa urgencia con el impacto inmediato en programas sociales y su credibilidad política.
En ese sentido, el desafío para Kast y su Gobierno será convencer a la ciudadanía de que cada peso que se recorta mejora el balance fiscal, en algo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para La Moneda y que tiene a la vocera Mara Sedini como la peor evaluada del Gabinete: la comunicación.
Por ahora, el plan de Jorge Quiroz avanza entre cifras, circulares y filtraciones, mientras en paralelo crece el ruido político de una decisión que no solo se mide en porcentajes, sino también en la evaluación ciudadana de un Gobierno que apenas tuvo un par de días de luna de miel.
