La subsecretaria de Seguridad, Ana Victoria Quintana Olguín, representó a dos miembros de una banda que cayó tras un operativo policial denominado “Los Emprendedores”, desbaratada por la Policía de Investigaciones (PDI); y en otra causa por tenencia de arma de fuego cuestionó la legalidad del operativo policial, obteniendo el respaldo de un tribunal.
Lo anterior es un nuevo flanco para la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert. Y es que Mega detectó antecedentes del pasado profesional de la abogada que hoy compone el gabinete de la secretaria de Estado.
De acuerdo con el citado medio, en su ejercicio de la profesión, la actual autoridad de Gobierno asumió la defensa de una banda dedicada a portonazos y encerronas en el sector poniente de Santiago, que cayó en las diligencias “Los Emprendedores”, desbaratada en 2025 por la PDI.
Se trata de sujetos procesados por delitos como lavado de activos, asociación criminal, robo con intimidación, receptación, extorsión, falsificación de documentos públicos, tenencia de armas y delitos tributarios, entre otros.
La subsecretaria, en su rol de abogada en ese entonces, asumió la representación de dos miembros de uno de los clanes familiares delictivos, que eran hijos del líder de la organización. Quintana presentó patrocinio en su formalización.
El flanco judicial en la carrera se subsecretaria de Seguridad
Se trataba del Clan Chago, el que se dedicaba al robo de maquinaria pesada, para luego revender en el mercado dichos vehículos a compradores que conocían su origen ilícito, según explicó la fiscalía Occidente, consignó Mega.
La subsecretaria Quintana hizo sus primeras armas como abogada en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. La autoridad se desempeñó como fiscal adjunta hasta 2023, año en que renunció al Ministerio Público para dedicarse al ejercicio privado de la profesión.
Ese mismo año 2023, la PDI en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente asestó un duro golpe al crimen organizado, en el marco del operativo llamado “Los Emprendedores”, donde se logró desbaratar a clanes familiares del sector poniente de Santiago que se dedicaban al robo de vehículos y camiones.
La organización criminal estaba compuesta por tres clanes familiares: el clan Luna, liderado por Hernán Luna; el clan Chago a cargo de Santiago Castro Inostroza y el clan Leon, de Gino León Mella. Utilizaban para hacerse de los camiones y vehículos el método de robo en lugares no habitados, pero también a través del mecanismo de portonazos y encerronas.
Defensa de clan delictual
La actual subsecretaria Ana Quintana representó a dos miembros de la organización. Se trata de Javier Castro y Valentina Castro, ambos miembros del Clan Chago e hijos de Santiago Castro, su líder. “Javier Castro creó una empresa de nombre comercial “Multitruck Spa”, con el objeto de obtener facturas para poder transportar las maquinarias de origen ilícito, las cuales son comercializadas en distintas ciudades del país”, se señaló en la formalización, citó Mega.
Tras detectar estos antecedentes, el citado medio contactó al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quienes confirmaron la participación de la autoridad de Seguridad en la causa. Sin embargo, acotaron que su rol en dicho proceso judicial fue “circunstancial”.
“Mi participación en esa causa fue exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional. A solicitud de un colega abogado, quien enfrentaba el fallecimiento de su padre, acudí únicamente en su representación para solicitar la postergación de una audiencia a la que él no podía asistir”, le señaló a Mega.
Y agregó que “no mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio, sus partes o sus antecedentes”.
Defensa de imputado extranjero
Según el mismo reportaje, la subsecretaria del gobierno de Kast también asumió la defensa de un imputado extranjero por infracciones a la Ley de Armas. El hecho ocurrió el 27 de abril de 2023, cuando personal de la PDI concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Aldunate en Santiago. Allí sorprendieron al imputado, quien portaba una pistola marca Blow, modelo F92, que fue adaptada para el uso de munición.
Un año después, el 17 de abril de 2024, en la audiencia de procedimiento abreviado, la jurista -hoy subsecretaria de Seguridad- logró la absolución del imputado.
