El exdiputado Joaquín Lavín León será formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de una investigación del Ministerio Público por presunto fraude al fisco asociado al uso de asignaciones parlamentarias. Según la fiscalía, el eventual perjuicio fiscal asciende a $104 millones, en una causa que apunta a la existencia de un mecanismo destinado a desviar recursos públicos con fines personales y electorales. La defensa, en tanto, descarta los cargos y atribuye las irregularidades a errores administrativos.
Lavín León —quien en su momento representó la renovación de uno de los apellidos más influyentes de la centroderecha— enfrentará esta instancia ya sin fuero parlamentario, en calidad de imputado y fuera de la UDI, luego de renunciar al partido.
La formalización marca un punto clave en una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuya carpeta reúne antecedentes que, según los persecutores, no responden a un hecho aislado, sino a una estructura orientada a la utilización indebida de fondos públicos.
Uno de los ejes de la indagatoria es la plataforma SocialTazk, cuyo desarrollo tuvo un costo cercano a $93 millones. Aunque fue presentada como una herramienta de apoyo a la labor legislativa, la fiscalía sostiene que en realidad se trataba de un sistema con fines electorales, orientado a la gestión de datos para fidelizar votantes y optimizar campañas, financiado con recursos fiscales. En este punto aparece el nombre de Felipe Vásquez, sindicado por el Ministerio Público como colaborador en la creación del sistema, tesis que la defensa rechaza.
El abogado defensor, Cristóbal Bonacic, cuestionó la solidez de la investigación.
“No existe ninguna diligencia de la investigación trazada por el Ministerio Público que apunte a acreditar la existencia de este supuesto fraude al fisco derivado de una aplicación que el señor Lavín pidió a un tercero que ejecutara y por el cual paga mensualmente”, afirmó.
El avance del caso se da luego del fallo de la Corte Suprema que permitió el desafuero del exparlamentario. Sin embargo, la resolución excluyó los delitos tributarios del ámbito penal, acotando la causa a ilícitos contra la administración pública, como fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. Esta definición obliga a la fiscalía a concentrar su teoría del caso en esos delitos.
Pese a ello, el abogado querellante José Pedro Silva, en representación del municipio de Maipú, aseguró que la decisión no debilita la investigación.
“Pero en ningún caso se debilita la causa. Aquí desde un comienzo nosotros imputamos los delitos de fraude al fisco, de tráfico de influencias, que es por los que ha estado siendo investigado la mayor parte del tiempo”, sostuvo.
Desde el análisis técnico, el exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, advirtió que la exclusión de los delitos tributarios sí implica una limitación relevante.
“Bueno, obviamente que limita las posibilidades investigativas y de enjuiciamiento de la fiscalía, que tiene que circunscribirse a los delitos de corrupción pública”, explicó, aunque recordó que el Servicio de Impuestos Internos mantiene sus facultades en la vía administrativa.
En esa línea, aún está pendiente la situación tributaria vinculada a facturas por cerca de $10 millones asociadas a la Imprenta MMG, donde se habrían detectado documentos con fechas adulteradas y cobros indebidos. La defensa de Lavín descarta algún tipo de fraude e insiste en que estos hechos corresponden a “errores administrativos” propios del funcionamiento de una oficina parlamentaria, descartando intencionalidad.
Por su parte, la fiscalía ha recalcado la gravedad de los antecedentes. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, sostuvo que “los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando de fraude al fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, respecto de la cual hay falsificación y uso de facturas, las cuales fueron presentadas ‘a cobro’ al Congreso Nacional y las cuales fueron pagadas”.
Con la formalización en puerta, resta conocer las medidas cautelares que solicitará la fiscalía en un caso que, según han adelantado los intervinientes, se encuentra en una etapa avanzada y no debería presentar mayores complejidades en su desarrollo investigativo.
