Un grupo de diputados de la Democracia Cristiana (DC), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes puso sobre la mesa sus condiciones para apoyar la ley de reconstrucción que el Gobierno busca aprobar esta semana en el Congreso. ¿La idea? No dar un “cheque en blanco” y, en cambio, amarrar su respaldo a una serie de cambios económicos que, según plantean, apunten a mayor equidad, alivio al bolsillo y reglas más exigentes para las empresas.
En ese contexto, los parlamentarios, se reunieron con los ministros de Interior, Claudio Alvarado, y Hacienda, Jorge Quiroz, para presentar las propuestas y solicitar garantías de que no se verán afectados los beneficios sociales.
La propuesta fue presentada como un paquete “estructural”, es decir, con efectos de mediano y largo plazo, enfatizando en que están disponibles para negociar, siempre que la ley venga acompañada de ajustes en materia tributaria y medidas concretas para la clase media.
Condiciones para apoyar Ley de Reconstrucción
Uno de los puntos más sensibles del documento es el tributario. Ahí, los diputados fijan una línea roja: rechazan bajar de inmediato el impuesto a las empresas (Impuesto de Primera Categoría) del 27% al 23%, como ha estado en discusión.
En su lugar, proponen una rebaja gradual, del 27% al 25% en un plazo de tres años, pero con condiciones claras. La mantención de esa baja quedaría sujeta a que la economía cumpla dos metas concretas: que el país crezca sobre el 4% anual y que se generen al menos 180 mil empleos formales por año.
Si esos objetivos no se cumplen, la rebaja no seguiría avanzando. Y solo en caso de que sí se logren, se abriría la puerta a discutir una reducción mayor al 23%.
El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, señaló tras la reunión que esperan “que este diálogo arroje resultados positivos, y en virtud de eso nosotros tomaremos la decisión cuando se lleve a votar”.
El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, destacó que “la discusión de la ley tiene un límite para la DC que es que no se reduzca ningún beneficio social (…) Esperamos abrir el diálogo para que sea una reforma que represente a la gran mayoría y no solo para los superricos.”
También participó de la propuesta la FRVS. El diputado Jaime Mulet agregó que se trata de una reforma que a su partido no le gusta: “Se beneficia fundamentalmente a personas ricas; lo que buscamos es equilibrar”.
Otro punto relevante es la propuesta de regularizar utilidades acumuladas en empresas (las llamadas RAI). Para eso plantean un impuesto único del 7%, que permitiría a las pymes “ordenar” su situación tributaria sin enfrentar sanciones más altas. Esto, además, generaría ingresos inmediatos para el Estado en el contexto de la reconstrucción.
Alivio económico para sectores vulnerables
El otro eje fuerte de la propuesta apunta directamente al costo de la vida, con medidas que buscan aliviar a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Una de las principales es la creación de un IVA diferenciado para productos básicos. Esto implicaría bajar —de forma temporal— el impuesto a alimentos esenciales como pan, leche, legumbres o huevos. El argumento es que hoy estos productos pagan lo mismo que bienes no esenciales, lo que golpea con más fuerza a los hogares.
En la misma línea, plantean una reducción transitoria del impuesto a los combustibles, considerando el impacto que tiene en el transporte y, en cadena, en el precio de los alimentos.
Otro punto que aparece es la eliminación de contribuciones para adultos mayores: desde los 65 años en hombres y 60 en mujeres, considerando la caída de ingresos tras la jubilación. Eso sí, plantean excluir a las altas autoridades del país de este beneficio.
Con este paquete, la DC busca incidir directamente en la negociación de la ley de reconstrucción, en momentos en que el Gobierno necesita asegurar votos en el Congreso.
