Este martes, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, en su formalización por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
La fiscal Constanza Encina pidió la medida cautelar más gravosa para el otrora parlamentario, al igual que para quien fuera su asesor de confianza, Arnaldo Domínguez, también imputado en la causa.
Cabe recordar que la investigación indaga la utilización de facturas ideológicamente falsas, emitidas de manera sistemática por la empresa Imprenta MMG.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, este mecanismo operó entre los años 2015 y 2022, periodo en el cual Lavín León, actuando en conjunto con Domínguez y el proveedor Juan Silva, obtuvo reembolsos improcedentes desde el presupuesto del Congreso Nacional de Chile.
Cabe destacar que este último ya había recibido sus medidas cautelares, quedando con arresto domiciliario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
Esto se debe a que Silva ha reconocido los hechos formalizados y ha entregado antecedentes que podrían significar una colaboración sustancial, facilitando información sobre la contabilidad de la imprenta y el correo.
Perjuicio superior a los $100 millones
Según la investigación, los hechos habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $100 millones, en el marco del uso irregular de asignaciones parlamentarias.
Además de la rendición de facturas ideológicamente falsas, se habría incurrido en adulteración de documentos tributarios y el financiamiento de actividades políticas con recursos públicos destinados exclusivamente a la función parlamentaria.
