El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León y de su exasesor Arnaldo Domínguez, en la audiencia de formalización por presunto fraude al fisco, sumándose a la petición que hizo el Ministerio Público. El organismo argumentó la gravedad de los hechos, el daño a la institucionalidad y diligencias pendientes que harían insuficientes otras cautelares.
Durante la audiencia, el abogado del CDE, Rodrigo Álvarez Alarcón, expuso un patrón de uso indebido de recursos públicos mediante facturas ideológicamente falsas y el financiamiento de la plataforma Social Task con fines electorales.
El CDE intervino inicialmente por facturas de la imprenta MMG y la empresa Modo 74, ampliando luego la querella tras el hallazgo del padrón electoral en Social Task.
Álvarez explicó que el uso de datos del Servel ya había sido mencionado, pero ahora se estableció un alcance nacional. “La extensión de los datos no se circunscribe al distrito, sino que es a nivel nacional”, afirmó.
“Nos parece que no es posible discutir que el objetivo de la plataforma era electoral”, sostuvo el abogado, apuntando incluso a proyecciones de carácter nacional.
Plataforma, facturación y presunto fraude
Uno de los ejes fue la empresa Modo 74. Citando un informe de Contraloría, el CDE indicó que cerca del 95% de su facturación se originó por gestiones o influencia directa de Lavín.
Además, de $303 millones rendidos al Congreso entre 2015 y 2025, unos $85 millones (28%) corresponden a pagos a dicha firma.
En ese sentido, el CDE acusó un patrón de facturas falsas para justificar gastos parlamentarios inexistentes, las que fueron emitidas, rendidas y pagadas, según antecedentes de la Cámara de Diputados y el Servicio de Impuestos Internos.
En el caso de imprenta MMG, los servicios no se habrían prestado y las facturas se usaron para pagar deudas electorales previas, con un perjuicio superior a $12 millones.
Respecto de Social Task, el financiamiento —mediante facturas, honorarios y pagos vía Modo 74— habría generado un perjuicio que supera los $177 millones.
El organismo sostuvo que estos hechos implican vulneraciones a la Constitución, la Ley de Bases, el Estatuto Administrativo y la normativa de probidad.
CDE pide prisión preventiva para Joaquín Lavín León
El CDE atribuyó a Lavín calidad de autor, por su control sobre asignaciones parlamentarias y personal. En tanto, Domínguez fue calificado como autor en calidad de intermediario y ejecutor de instrucciones.
Como fundamento de la cautelar, advirtió riesgo para la investigación, indicando al menos 17 diligencias pendientes, entre ellas pericias, declaraciones y análisis patrimonial.
En ese contexto, se mencionaron depósitos en efectivo por más de $50 millones en cuentas del exdiputado.
Asimismo, el organismo sostuvo que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, por la reiteración de los delitos, su extensión en el tiempo y la actuación en grupo, junto con el eventual uso indebido de datos del Servel.
El abogado ejemplificó que una factura de 2018 supera las 40 UTM, lo que eleva la pena al rango de crimen. Con reiteración, esta podría iniciar en 10 años y un día.
“Este escenario no admite otra medida proporcional que la prisión preventiva”, concluyó Álvarez, solicitando al tribunal decretarla para ambos imputados.
