Una tensa jornada se vivió este miércoles en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que contó con la participación del exministro del Minvu, Carlos Montes.
En la sesión, el exsecretario de Estado volvió a defender su gestión. Esto, tras una auditoría de la Contraloría General de la República sobre la adquisición de terrenos para el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional.
Todo esto, mientras el Partido Republicano recopila antecedentes para definir si impulsará una acusación constitucional en su contra. Durante su exposición, Montes aseguró que el informe del ente contralor detectó debilidades procedimentales reales, pero acusó que se ha construido un relato que exagera las conclusiones de la auditoría.
Además, dijo que el documento no habla de “sobreprecios”, que las compras contaban con tasaciones externas y que el mecanismo utilizado para las adquisiciones fue aprobado previamente por el Congreso.
El militante socialista también afirmó que la CGR no consideró observaciones lo suficientemente graves como para invalidar actos administrativos y criticó que se intentara personalizar los cuestionamientos en su figura.
Pese a la explicación, durante la ronda de preguntas, la diputada republicana Paz Charpentier consultó directamente a Montes por qué razones no debería prosperar una acusación constitucional en su contra.
“Hubo infracciones a la ley, infracciones a la Constitución. Si nosotros tenemos esa convicción, al igual que la Contraloría, respecto de estos incumplimientos, ¿por qué no deberíamos acusarlo constitucionalmente? Si esa es nuestra responsabilidad”, planteó.
En el Partido Republicano están a la espera de la exposición que realizará la Contraloría la próxima semana en la Cámara, antes de adoptar una decisión definitiva. Sin embargo, al interior de la bancada ya existiría convicción de que hay mérito suficiente para impulsar el libelo acusatorio.
En este contexto, Montes no solo cuestionó el tono del debate, sino que también acusó que gran parte de la discusión se centró en una eventual acusación constitucional.
“Y si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancíonenme. En dos días más cumplo 80 años y me pueden castigar los 5 años que vienen si la acusación constitucional prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia ni para la vivienda, ni para nada”, señaló.
El extitular de Vivienda y Urbanismo también insistió en que debe ser la Contraloría la que explique el alcance de sus observaciones, especialmente frente a acusaciones sobre eventuales delitos, abusos de poder o irregularidades que, según dijo, no estarían suficientemente fundamentadas.
